No se debe hacer partidismo con la vacuna

No ha sido muy explícito, seguramente no podía serlo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la hora de informar sobre el plan de vacunación contra el Covid-19. Más allá de asegurar que la primeras dosis de vacunas llegarán el 26 de diciembre y que comenzarán a aplicarse al día siguiente, los gobiernos autonómicos, que serán los responsables de llevar a cabo la campaña en sus respectivos territorios, carecen de la mayoría de los datos que se antojan necesarios para una planificación eficaz. Por ejemplo, y muy importante, cuántas dosis recibirán, en qué plazos y cuál será el criterio de reparto, una vez que parece descartarse el del porcentaje por población, que, a todos los efectos, parece el más indicado. La respuesta de Sanidad, más allá de prometer equidad, se ha limitado a señalar que los primeros en recibir la vacuna serán las personas de alto riesgo, como los ancianos que residen en centros socio sanitarios.

Tampoco se ha facilitado el calendario, sujeto, en realidad, al número de dosis que lleguen y al ritmo que tengan los envíos. En principio, el Gobierno asegura que tiene firmada y garantizada la compra de 20,8 millones de vacunas a la empresa «Pfizer BioNTech», suficientes para inmunizar a 10,4 millones de personas, pues hay que aplicar dos dosis, que habrá nuevas compras suplementarias y que se está a la espera de que otros laboratorios obtengan los correspondientes certificados de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento. En cualquier caso, hablamos de una campaña que puede alargarse hasta el próximo mes de mayo, en el mejor de los casos y contando con que la previsiones de compras del Gobierno se cumplan, algo que plantea las lógicas dudas dada la experiencia acumulada durante la pandemia con el suministro de productos de primera necesidad. Así la cosas, lo cierto es que, una vez más, queda al criterio del Ejecutivo, sin unas normas claras y previamente establecidas, el abastecimiento de las vacunas a las distintas comunidades autónomas.

Nada sería peor que, como ya hemos visto demasiadas veces a lo largo de esta trágica emergencia, esa potestad gubernamental su utilizara en la guerra política como un arma para desgastar o desacreditar a los gobiernos autonómicos de distinto color ideológico, como se ha venido haciendo con el de Madrid, región que ha sufrido las consecuencias del doble baremo que la coalición de gobierno social comunista aplica con virtuosismo digno de mejor causa. Ante una situación como la que estamos viviendo, que cada día se lleva la vida de centenares de personas y que amenaza la ruina económica de mucho miles, la campaña de vacunación, al menos eso, debe garantizar la igualdad de todos los españoles, sin que importe el lugar donde residan o a quien voten.