Madrid, a merced del cálculo político

No nos ha ahorrado, precisamente, la madre naturaleza los más graves trastornos en los últimos años, ya sea en forma de lluvias torrenciales, incendios forestales, sequías y temporales costeros. En algunos casos, como sucedió con las inundaciones en Murcia y la Comunidad Valenciana provocadas por gota fría en septiembre de 2019, las más intensas en los últimos 140 años, el Gobierno procedió a declarar «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil», la vieja figura de «zona catastrófica», cuatro días después del paso de la citada depresión. En otros 23 casos, desde 2015, el Consejo de Ministros tomó las decisiones en un lapso de tiempo inferior a una semana, y en otros 14 casos, lo hizo en menos de 12 días. Es cierto, no hay que ocultarlo, que otras catástrofes, más localizadas territorialmente, se han evaluado con más demora –hasta 155 días para reconocer los daños por la granizada de julio de 2017 en Badajoz–, pero son excepción.

Lo normal es que las grandes afecciones naturales, las que causan los mayores daños y más extensos, reciban la rápida atención del Ejecutivo. Al menos, así era mientras gobernaba el Partido Popular. En este sentido, no parece que haya mucha discusión sobre el hecho de que la tormenta «Filomena» y la ola de frío que la ha sucedido pueden considerarse como un fenómeno natural absolutamente extraordinario, que ha afectado a una parte considerable del centro y este peninsulares, con consecuencias que si en el plano personal no han sido más graves hay que atribuir a la Providencia, a la buena actuación de todos los servicios de emergencia, con millares de hombres y mujeres trabajando a triple turno durante setenta y dos horas, y al buen comportamiento general de la ciudadanía, que siguió las recomendaciones de las autoridades. Pero, en el plano material, los daños son inmensos, difícilmente cuantificables si se incluyen los llamados costes de oportunidad, produciendo un quebranto económico que cae fundamentalmente sobre las arcas municipales, sí, pero, también, sobre las maltrechas economías de empresas y trabajadores, ya golpeadas por la pandemia.

De ahí, que nadie en su sano juicio entienda las reticencias del actual Gobierno a atender la solicitud de «zona de emergencia» hecha por el Ayuntamiento de Madrid. Sólo desde un cálculo político, de corte partidista, puede apuntarse una explicación. Ni siquiera la disparidad de criterio en la evaluación pormenorizada de los daños, que corresponde a un proceso posterior, justificaría, como se insinúa desde la propaganda gubernamental, que el más inmediato Consejo de Ministros no aprobara la debida declaración de emergencia. No es una panacea, sin duda, pero, cuando menos, se trata de un instrumento que alivia las graves cargas que el temporal nos ha dejado.