Inaceptable desprecio al Consejo de Estado

Una vez más, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sólo desprecia los dictámenes del Consejo de Estado, sino que pretende, puerilmente, silenciarlos, como si su desconocimiento por parte de la opinión pública tuviera efectos taumatúrgicos sobre la realidad. Pero no. En este caso, se trata de un dictamen de la Comisión Permanente de este órgano del Estado, referido a la necesidad de afrontar una reforma legal para combatir la pandemia de coronavirus, que fue remitido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado 22 de marzo, y que fue depositado en un cajón del despacho de la ministra para que durmiera el sueño de los justos.

No estamos sólo ante un caso de descortesía institucional verdaderamente asombrosa, sino ante una actitud con ribetes autoritarios, puesto que el Consejo de Estado, por definición, es uno de los instrumentos con que se ha dotado la democracia española para garantizar la separación de poderes, que vela por la observancia de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico. En cierto modo, lo sucedido retrata a un Gobierno como el actual, que se desenvuelve mejor en la excepcionalidad legal del estado de alarma, como si la supresión de los derechos fundamentales careciera de la menor importancia política, desde una soberbia de ejercicio que sería intolerable en los países de nuestro entorno.

Un Gobierno que, es importante reseñarlo, actúa desde el doble rasero con las administraciones que no responden a su color partidario. De hecho, el dictamen inatendido del Consejo de Estado respondía a una consulta efectuada por el propio ejecutivo socialista sobre la constitucionalidad de una norma de la Xunta de Galicia, que declaraba obligatoria la vacunación de los ciudadanos contra el Covid-19. El Consejo concluía, sí, sobre la falta de competencia del gobierno autónomo gallego para aplicar tal medida, pero, al mismo tiempo, denunciaba las carencias de la legislación sanitaria actual para la prevención de la pandemia, una vez que decaído el estado de alarma. En consecuencia, su Comisión Permanente reclamaba al Gobierno una reforma que otorgue a las autonomías mecanismos adecuados para afrontar la emergencia, amén de advertir contra las carencias de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. O dicho de otra forma, exactamente lo que vienen demandando el Partido Popular, su presidente, Pablo Casado, y la mayoría de los gobiernos autonómicos, en quienes, una vez más, el presidente del Gobierno pretende descargar la responsabilidad, pero sin dotarles de los medios e instrumentos necesarios. No es de extrañar que Carmen Calvo metiera la nota en un cajón, puesto que se trataba de una enmienda a la totalidad de lo que ha venido sosteniendo.