Editorial
La Corona, ejemplo de moderación
Su lealtad constitucional es la garantía del cumplimiento de sus funciones
La Monarquía lleva en el centro del debate político más tiempo del que sería deseable por su condición de institución moderadora. Las crisis abierta por el comportamiento inadecuado que ha afectado a la Casa Real ha tenido un papel determinante en la apreciación y popularidad de la Corona. A esta situación quiso dar respuesta el actual Gobierno abordando una Ley de la Corona, anunciada a finales de 2020, en la que ya estaba implicado el propio Rey. De su compromiso ético con la institución que representa no cabe duda, tal y como lo expresó en su discurso de coronación en aras de «una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social». Sin embargo, dicha ley chocó con la evidencia de que su elaboración, tramitación y aprobación, de serlo, sería un referéndum entre Monarquía y República, de manera que es el propio Gobierno quien ha aparcado este proyecto ante el más que evidente temor a que acabase más perjudicando a la Corona que no regulando sus funciones, toda vez que serían los partidos que apoyan al Ejecutivo, Unidas Podemos e independentistas, los que no desaprovecharían la ley para deslegitimar a la Monarquía a través de un control más allá de lo admisible para la jefatura del Estado. La prueba más evidente de que la Corona sufre una permanente ofensiva por parte de Unidas Podemos y el independentismo es que ayer se debatió en el Congreso la reforma del Código Penal en sus aspectos que afectan a la despenalización de las injurias, los ataques a los símbolos del Estado, además del enaltecimiento del terrorismo. Que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no asista hoy a la cena inaugural de la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona, no es sólo un menoscabo protocolario, sino la representación de una ruptura institucional que no da señales de que en algún momento se pueda de nuevo sellar. Quien olvide el papel que tuvo la Monarquía en la restauración de la Generalitat es que está ya por la ruptura o ha roto con ella. A pesar de las dificultades para reformar artículos que afectan al Título II de la Corona, es la actual correlación de fuerzas en el Congreso y la falta de grandes pactos de Estado lo que lo impide, porque cualquier reforma de estos apartados debe hacerse por mayoría de dos tercios de la Cámara y la inmediata disolución de las Cortes, algo que hoy es inviable. Es decir, sólo desde el acuerdo de los dos grandes partidos se pueda dar estabilidad a la Monarquía parlamentaria.
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