Editorial

Golpe a las pensiones de una generación

Son los españoles que hicieron la Transición quienes pagarán la reforma

No es la primera vez que La Moncloa sobreactúa en la presentación de supuestos acuerdos trascendentales, como ayer con las pensiones, por lo que es preciso insistir en la advertencia de que aún están en el aire los puntos más difíciles de la reforma de la jubilación, que son los que versan sobre la sostenibilidad de un sistema que estará abocado a un déficit crónico, al menos, mientras la economía española siga siendo incapaz de ofrecer un mercado laboral digno a sus jóvenes.

Como no existen fórmulas mágicas, más allá del voluntarismo de los agentes sociales y del Gobierno, todo indica que serán las subidas fiscales al empleo y a las cotizaciones a la Seguridad Social, estas últimas imputadas directamente al trabajador, lo que acabará sobre la mesa de discusión en los próximos meses. Pero como no es aconsejable operar sobre la única vía de la presión impositiva sin provocar el efecto contrario de desincentivación del mercado de trabajo, existe el riesgo cierto de que apliquen medidas de reducción del gasto que irán, precisamente, en detrimento de los nuevos pensionistas, hijos del llamado «baby boom» de los sesenta y, también, lo que protagonizaron con su esfuerzo el desarrollo democrático de España a partir de la Transición.

Ayer, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, proporcionó el primer indicio de por dónde van a ir las cosas cuando explicó el problema añadido que supone incorporar al sistema a esa generación de nacidos entre 1950 y 1970, mucho más numerosa que las posteriores, y que es la que provoca, según el ministro, un efecto coyuntural de insostenibilidad. En consecuencia, habrá que elegir entre una reducción «moderada» de la pensión o la prolongación de la vida laboral. Cualquiera de las dos opciones suponen, simple y llanamente, una quiebra del contrato social establecido y una estafa a quienes más han contribuido al desarrollo económico español a lo largo de los últimos cuarenta años. Un tiempo, todo hay que decirlo, en el que las contraprestaciones del estado de bienestar estaban en mantillas y la política impositiva de los sucesivos gobiernos socialistas perseguía una rápida e inaudita convergencia con Europa. No es de recibo pedir un esfuerzo más a quienes han hecho sus proyectos de final de vida sobre una cuantía de la pensiones que creían garantizada por el Estado que ahora amenaza con quedarse en el aire. Y con un un gobierno de izquierdas, claro.