Editoriales

El Mar Menor es de competencia estatal

El Ejecutivo murciano carece de medios jurídicos para una gestión integral

Cinco de los seis organismos oficiales implicados en la crisis del Mar Menor son de titularidad estatal, lo que no ha impedido a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, echar balones fuera y trasladar las responsabilidades al Ejecutivo regional, del Partido Popular, que tendrá las que les corresponda, pero, desde luego, carece de los instrumentos de gestión necesarios para llevar a cabo una política de reparación integral del problema. De hecho, la cuenca y el acuífero del Campo de Cartagena y Mar Menor están bajo la administración de la Cuenca Hidrológica del Segura, estatal, al igual que la Dirección General de Costas, adscrita el Ministerio para la Transición Ecológica, titular asimismo del Trasvase Tajo-Segura, cuya implicación en el devenir de la laguna interior no es posible obviar. Son, también, de titularidad estatal las desaladoras que no acaban de construirse, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil e, incluso, el Instituto Español de Oceanografía-CSIC, infra presupuestado a pesar de ser el referente científico para la evaluación de las condiciones ecológicas del Mar Menor.

Ayer, Teresa Ribera, realmente la ministra responsable de la crisis medio ambiental, trató de rebajar el agrio tono gubernamental contra la autonomía que preside Fernando López Miras, pero para descalificar el proyecto «Vertidos Cero» del último gobierno popular, que apenas había comenzado a implementarse, y proponer la creación de una serie de «corredores verdes» que actúen de defensa contra el vertido de fosfatos al acuífero que nutre la laguna, estrategia que implica la expropiación masiva de terrenos agrícolas actualmente en explotación, lo que, pese al optimismo de la ministra Rivera, augura largas décadas de pleitos judiciales.

En cualquier caso, y una vez que desde el Gobierno central se han desechado todas las medidas de emergencia ideadas por el Ejecutivo murciano, como el bombeo del acuífero o el dragado del canal Marchamalo, es una buena noticia que la ministra del ramo apunte soluciones, por remotas que parezcan. Finalmente, nos hallamos ante un conflicto clásico de intereses económicos, sociales y medio ambientales cruzados que debe resolverse con el concurso de todos los implicados. Ayer, la meteorología, con las fuertes rachas del viento de Levante, dio un respiro al Mar Menor, pero de no hacerse nada, volverá a pasar.