La Policía no es moneda de cambio

Muy probablemente, la Policía Nacional sea uno de los cuerpos de seguridad pública del mundo más eficientes, profesionales y respetuosos con los derechos de los ciudadanos. Esa es, al menos, la percepción de la mayoría de los españoles, que sitúan a su Policía entre las instituciones del Estado con más prestigio. Esa realidad, construida laboriosamente a lo largo del más fecundo período democrático que ha vivido España, incluye, por supuesto, a los hombres y mujeres que desempeñan su servicio en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, con sede en el viejo edificio de la Vía Layetana, cuya radicación se ha convertido en una de las obsesiones del nacionalismo catalán y en el escenario de un nuevo pulso al Estado que están dispuestos a ganar a toda costa.

Que reciban, además, el apoyo de la extrema izquierda de Unidas Podemos, bajo el peregrino argumento de que el edificio, que fue inaugurado como sede policial en 1929, bajo Primo de Rivera, estuvo al servicio de la dictadura franquista –obviando que, también, fue el centro de operaciones de las milicias que sembraron el terror en la retaguardia republicana durante la guerra civil–, debería alertar al sector socialista del Gobierno de la voluntad de articular una pinza de populistas y nacionalistas para condicionar la negociación de las cuentas públicas desde planteamientos extrapresupestarios. Por supuesto, si hubiera que «reasignar» de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática los edificios que albergan instituciones oficiales, prácticamente, nos hallaríamos ante una mudanza infinita. Pero no es esa la razón de fondo que está tras la pretensión de ERC y de Unidas Podemos de vincular el cierre de la Comisaría de Vía Layetana al respaldo a los PGE.

No. Se pretende expulsar del centro de Barcelona a la Policía Nacional para erradicar del imaginario público cualquier símbolo que represente la vigencia del Estado en Cataluña. Que se consiga, que nuestra Policía sea utilizada como moneda de cambio por el nacionalismo y la extrema izquierda, es una responsabilidad que la opinión pública hará recaer sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que no contribuye, precisamente, a extender la confianza de los ciudadanos en la elaboración de unas cuentas públicas, el acto político más importante del ejercicio, verdaderamente adecuadas a las necesidades de la difícil coyuntura post pandémica que atraviesa la economía.