Ahora, toca el recorte de los Presupuestos

Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía reconoció por primera vez que el encarecimiento de los precios de la energía y de los combustibles, sumado a una escasez de materias primas de compleja explicación, pueden suponer un freno a la recuperación y dar al traste con los cálculos de crecimiento del PIB del Gobierno. Más allá de las excusas ministeriales en los efectos de la globalización económica, que hacen que cuando China estornuda se constipe España, lo cierto es que las principales instituciones financieras, desde el FMI al Banco de España, pasando por la AIREF y los gabinetes de análisis de las entidades de crédito privadas, venían advirtiendo del exceso de optimismo de las previsiones gubernamentales sobre el comportamiento del PIB y, en consecuencia, sobre los ingresos fiscales que sostienen el actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La situación presenta ribetes aún más graves si se confirman las señales de que nos aproximamos a un nuevo período inflacionario, lo que sería demoledor para el equilibrio financiero de la Seguridad Social, dada la indexación de nuestro sistema de pensiones al IPC, un error político de corte populista que se ha convertido en enseña de izquierda y, por lo tanto, de muy difícil rectificación. Ciertamente, y antes de la escalada de los precios de la energía, la mayoría de los especialistas consideraban que la previsión de ingresos del Gobierno estaba muy por encima de las posibilidades de la economía española, incluso, con el severo incremento de la presión fiscal sobre empresas y trabajadores. De hecho, los cálculos de recaudación de las imaginativas tasas «Google» y «Tobin» se han venido abajo, con independencia de que se puedan mantener en el tiempo esas figuras fiscales contra los intereses del gobierno estadounidense. Lo lógico, ante el empeoramiento de las previsiones, sería proceder a la revisión de los PGE, a punto de comenzar los trámites parlamentarios para su aprobación, llevando a cabo el necesario reajuste de la previsión de ingresos. Sin embargo, a nadie se le escapa que lo que, en puridad, debía ser el marco director de la política económica y social del Gobierno, la ley determinante del ejercicio, se ha convertido en rehén de los partidos que prestan apoyo parlamentario al Ejecutivo, transformando las cuentas públicas en un mercado de ofertas, con escasa relación con la realidad circundante.

Aún así, como señalábamos al principio, que la ministra Calviño verbalice lo que todas las instituciones financieras vienen afirmando es un paso en la buena dirección. Porque lo que nos temíamos, era un Gobierno dispuesto a eliminar el dato del PIB como instrumento de análisis de la evolución de la economía, y a sustituirlo por conceptos como la «sostenibilidad» o «el efecto de las políticas de inclusión». Subterfugios para soslayar la realidad cuando ésta no conviene al poder.