Un mal gobierno y una España en decadencia

Se cumplen dos años de las últimas elecciones generales, las celebradas el 10 de noviembre de 2019. Pedro Sánchez ganó aunque con un estrecho margen que abrió la puerta a la coalición con Unidas Podemos para poder gobernar, aquellos con los que prometió que nunca lo haría. Cuando se enfila la mitad de la legislatura, se trata de responder a si el país está mejor o peor que cuando el presidente se abrazó a la mayoría Frankenstein y a las políticas y el gabinete más extremistas de Europa. España es una nación debilitada, en una crisis política, institucional, económica y sanitaria, que ha deprimido los estándares de bienestar y prosperidad. Obviamente, y es una realidad, el gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado a una de las más perniciosas pruebas en décadas como ha sido la pandemia, pero en la adversidad más aguda es cuando se ponen a prueba la competencia y la responsabilidad en la gestión y la conciencia democrática para dirigir al pueblo. La ejecutoria de la presidencia del líder del PSOE, de sus ministros socialistas y comunistas y de sus aliados separatistas, soberanistas y bilduetarras ha estado lejos de lo tolerable y se ha convertido en un obstáculo para que el país pueda afianzar la recuperación y la regeneración que necesita. Los estudios internacionales más solventes han situado a España en el podio de aquellos que actuaron con más ineficiencia e incapacidad ante el virus. También contra sus secuelas económicas sin otra respuesta que no sea gastar a costa de las economías familiares y empresariales asfixiadas por la inflación y los impuestos, que ha lastrado el efecto rebote y ha desacreditado las idílicas previsiones. Con todo, más allá de la sombría hoja de servicios de La Moncloa en esos ámbitos, de los cientos de miles de españoles a los que se ha dejado atrás, el legado más alarmante es el retroceso en calidad democrática que ha experimentado el país en este tiempo, sumido en una deriva que ha erosionado contrapesos y el equilibrio entre los poderes del Estado, con ministros ejerciendo como francotiradores contra la Corona, el Poder Judicial y, en general, contra todo aquello que se ha escapado de su control, amén de haber condenado la memoria de las víctimas del terrorismo. Nada simboliza mejor esa pulsión arbitraria como la constatación de que Sánchez sometió los derechos fundamentales de los españoles y la soberanía del Congreso bajo un estado de alarma inconstitucional, lo que por sí solo sería una prueba de cargo en cualquier nación con un timbre liberal homologable. Aquí, la reacción ha sido redoblar el asalto de las instituciones independientes. Los sondeos recogen desde hace semanas los frutos de este mal gobierno para los ciudadanos y para la nación con la desafección hacia el proyecto de una gobernanza volcada en la propaganda y con una relación compulsiva con la mentira. El país demanda un cambio, libertad, verdad y Constitución.