Ser autónomo resulta heroico en España

La apetencia del Gobierno por apretar el cinturón fiscal a los españoles es una señal de estos tiempos de la coalición y un signo distintivo de Pedro Sánchez y su equipo. Incluso se han jactado de ello, aunque con el maquillaje conveniente para no espantar al votante mientras menguan sus ingresos y sus ahorros. En la propaganda oficial, la pretensión de reformar la fiscalidad ha sido siempre un acto de justicia con los desfavorecidos y un golpe en la mesa contra los poderosos que la izquierda ha identificado como grandes empresas e «hiperricos», en la nueva terminología monclovita. Hasta el punto de que Pedro Sánchez nunca ha perdido una ocasión de ondear la cantinela de que socialistas y comunistas no subirán los gravámenes a las clases medias y trabajadoras y que su único objetivo es una imposición más equitativa y progresiva imbricada con plenitud en una armonización territorial. En esencia, el presidente transmite al pueblo que los impuestos solo se tocan para que una ínfima minoría potentada compense a la mayoría. Obviamente, nada de todo esto guarda relación con la realidad que padecen las familias y los sectores productivos. Más allá del durísimo impacto que supone el peor y más injusto de los impuestos como es la inflación, que el Ejecutivo se ha empeñado en reducir a una coyuntura contra ya la opinión generalizada de instituciones y expertos, la reforma tributaria que llega no será benevolente con el bolsillo de los españoles, de ninguno, pues el catálogo de aumentos que se han conocido salpican especialmente a aquellos que Sánchez había dicho poner a salvo. El colectivo de los autónomos puede sentirse especialmente perseguido y agraviado por el nuevo sistema de cotizaciones del Ministerio de Seguridad Social, que ha exhibido como un modelo más justo por ceñirse a los ingresos reales. En la práctica es, de nuevo, otro hachazo fiscal que abunda en la desigualdad, pero que sobre todo es injusto con miles de trabajadores por cuenta propia. Algo tildado de progresivo saca de la ecuación cuáles son los rendimientos reales de esos negocios con lo que la distorsión y el perjuicio están más que garantizados. Con los nuevos baremos solo se baja la aportación a los que ganan menos de 900 euros, pero para el resto, la factura se podrá multiplicar por cuatro hasta 2031. La fórmula del ministro Escrivá es tan draconiana y lesiva que los autónomos destinarán seis meses de trabajo a pagar cuotas, impuestos e IRPF al Estado, sin contar costes como tasas, alquileres, gastos de representación, facturas de luz, agua o carburantes y el alza del SMI. Recordar que la crisis se ha llevado a casi 250.000 pymes y más de 300.000 autónomos, y que aportan el 65% del PIB nacional y el 75% del empleo, pone en perspectiva el desapego de una administración implacable y obsesionada por recaudar. Estrangular la iniciativa privada e inflar la pública es un estatalismo condenado al fracaso que socavará el potencial del país. Lo peor es que se trata de un camino conocido. Esquilmar la riqueza y el trabajo de la gente ceba el erario y el gasto, pero arruina el país y a su gente.