La derrota laboral del Gobierno y el abismo

A día de hoy el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes en el hemiciclo para hacer realidad la que estaba llamada a ser una de sus iniciativas estrella como es la reforma laboral. Es un hecho. El 31 de enero, el Congreso tiene que convalidar obligatoriamente el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. En este día, la iniciativa patrocinada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no suma más síes que noes y de esta manera decaería con el consiguiente terremoto político e institucional. Obviamente, hay margen aún y si algo ha evidenciado este Ejecutivo, así como sus aliados de Frankenstein, es su capacidad y su flexibilidad para rescatar sufragios en el momento decisivo. En cualquier negociación ha jugado con una ventaja sobresaliente y definitiva como ha sido su voluntad de corresponder a los favores a casi cualquier precio. Las contraprestaciones recibidas por los grupos separatistas y bilduetarra han resultado un catálogo en el que el bien común nunca fue un elemento a tener en cuenta. Pero la legislatura avanza y entran en liza otros factores e intereses que alteran y condicionan la negociación. El mapa de situación con el que Moncloa tendrá que lidiar en una intensa cuenta atrás es uno en el que ERC, Bildu, PNV, Más País y Compromís apuestan por el rechazo a la convalidación del decreto. Su oposición al acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y los directivos de la CEOE para dinamitar aspectos sustanciales de la reforma laboral de 2012, para muchos analistas y expertos, una de las mejores con las que ha contado el país, fue inmediata, tanto en el fondo como en la forma. Tanto por la presunta laxitud del compromiso como por haber sido ninguneados de un pacto blindado a toda negociación con los grupos parlamentarios, con ellos. Es verdad también que el Gobierno ha vertido varias versiones sobre sus intenciones, aunque la de Pedro Sánchez, que debiera ser la oficial y definitiva, es que el decreto se impondrá tal y como fue pactado con los agentes sociales. La alarma en La Moncloa está justificada porque el vértigo de estar encaramados sobre ese abismo que supondría una derrota de este calado en un ámbito crucial y en una coyuntura electoral crítica constituye un escenario de torbellinos e incertidumbres de consecuencias imprevisibles. Es un aprieto serio que podría marcar un antes y un después en el mandato de Sánchez, aunque es poco probable que fuera un detonante de decisiones definitivas que afectaran a la estabilidad política y parlamentaria. Por lo demás, en todo este mercadeo fluyen intereses espurios en los que para nada cuentan los millones de desempleados de una España líder de Europa en paro.