Sánchez, entre Europa y los nacionalistas

Si ya abordar la reforma de una ley laboral que había demostrado ser un instrumento eficaz para paliar los dramáticos efectos de la pandemia en el tejido productivo español puede considerarse un error político de bulto, más aún, cuando los pobres límites de su alcance son incapaces de satisfacer a los propios impulsores de la idea, reacios a tener que justificar ante sus electores otra renuncia en su programa populista. Con una diferencia notable, que mientras Unidas Podemos, como parte del Gobierno, tiene que aceptar lo que toca y asumir el desgaste, los socios parlamentarios pueden ponerse estupendos y presionar a un Ejecutivo que comprende que no puede ir más allá de lo que marcan las directrices generales de la Comisión Europea en la materia.

A este respecto, nuestra postura editorial es conocida y las dificultades que atraviesa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para, cuando menos, hacerse convalidar por el Parlamento el decreto ley, nos reafirman en la opinión de que la teoría del «mal menor» a la que se acogió el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para pactar la reforma era una cesión impropia, de problemáticas consecuencias. Porque, la realidad es que a estas alturas, y pese al optimismo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el Gobierno no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar el texto y no parece fácil que los socios nacionalistas, desde ERC al PNV, se avengan sin obtener contrapartida alguna, en especial, la que propugna la ruptura del marco laboral español, haciendo prevalecer los convenios autonómicos por encima de los estatales, pero no sólo.

Una cesión gubernamental en este sentido no es descartable, aunque tendrá un coste para los socialistas en la opinión pública fácil de suponer, y, además, en principio, obligaría a la patronal a descolgarse del acuerdo, lo que no sería del agrado de Bruselas, donde se palpa la inquietud por el excesivo desequilibrio de las cuentas públicas del Estado. En esta tesitura, distintos portavoces del Ejecutivo vuelven a hablar de la «geometría variable» y tantean abrir el abanico de las mayorías hacia su derecha, concretamente, hacia Ciudadanos, que ya ha tendido la mano a los socialistas.

Pero, sin desdeñar la incomodidad que esta opción causa entre los socios de Unidas Podemos, los votos que aporta la formación naranja son insuficientes y se precisa el apoyo de un PNV que observa con reticencia los movimientos de confluencia de la izquierda en el País Vasco. Por supuesto, queda la opción de negociar la abstención del Partido Popular, pero nos parece un brindis al sol, aunque sólo sea porque de lo que se trata es, precisamente, de cambiar sin consenso una legislación elaborada por un gobierno popular que, como señalábamos al principio, ha demostrado sobradamente su eficacia.