Pedro Sánchez frente al espejo alemán

El gobierno de coalición de Alemania, que preside el socialdemócrata Olaf Scholz, ha dispuesto un paquete de medidas económicas destinadas a ayudar a los ciudadanos a capear, siquiera una parte, las consecuencias de la actual crisis de los combustibles. Las más llamativas, por su evidente simplicidad y eficacia inmediata, se traducen en la reducción de la carga impositiva de la gasolina y el gasóleo, y en la subvención general del transporte público, con tarifas mensuales de 9 euros, frente a los 80 que, por ejemplo, costaba el bonobús en Berlín. Hay otras medidas, como una ayuda directa de 300 euros a cada contribuyente, destinadas a compensar el gasto extra ya asumido por los hogares, en la línea de las políticas de emergencia de la pandemia, que se suman a otras, ya en vigor, de carácter financiero para el mundo empresarial.

En otros países europeos, como Italia o Bélgica, también sus gobiernos han operado sobre la excesiva fiscalidad de los combustibles, proporcionado alivio a unos automovilistas y transportistas, que han tenido que hacer frente a subidas de hasta el 40 por ciento de las gasolinas. Se nos dirá, y es cierto, que la economía alemana, con un déficit y una deuda controlada, puede permitirse unos dispendios del gasto público fuera del alcance de nuestro Gobierno, pero no parece que sea esa la percepción de una opinión pública como la española, que ha sido bombardeada por una pertinaz propaganda oficialista, pródiga en anuncios de paquetes de medidas y ayudas de, cuando menos, difícil concreción, y que no acaba de entender cómo se pueden destinar partidas multimillonarias para las políticas de género o para que los jóvenes que llegan a la edad de votar consuman bienes culturales, mientras se racanean unos céntimos de los impuestos de los combustibles.

Un Gobierno, en definitiva, que confrontado a las primeras protestas en las calles recurrió a tildar de ultraderechistas y colaboradores de Putin a unos trabajadores que conforman, salarialmente, el escalón más débil de la cadena de distribución. Con este panorama de crisis, comprendemos el afán del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en recabar de la Unión Europea la máxima asistencia financiera posible, ya sea modificando a la carta el mercado de la energía, ya sea retrasando el retorno a la disciplina fiscal, pero tendrá que llegar un día en el que la izquierda española acepte que no es posible seguir tirando del gasto público, como si el dinero surgiera de los frondosos bosques de Europa y no de los sufridos bolsillos de sus ciudadanos. Porque siempre, es ley de vida, estaremos al albur de circunstancias extraordinarias que cambian la reglas del juego. Y cuando suceden, como ahora, conviene tener un déficit y una deuda pública lo más saneados posible, porque cada país de la UE, a la postre, acaba mirando por los suyos.