Opinión

La izquierda vuelve a sus fallidas fórmulas

Editorial La Razón

Ni la más excelsa de las propagandas puede ocultar que el nuevo plan anticrisis del Gobierno no sólo carece de cualquier elemento innovador, sino que consiste en una vuelta a las siempre fallidas fórmulas económicas de la izquierda, sin otra perspectiva que trasladar a una parte de la sociedad, la que, precisamente, conforma el tejido productivo, los costes derivados, en este caso, de la guerra de Ucrania.

Es, por lo tanto, una labor inútil tratar de glosar las partidas del nuevo plan de resistencia aprobado por el Consejo de Ministros, vía el socorrido decreto ley, –instrumento legislativo que se ha convertido en la marca del actual inquilino de La Moncloa–, porque, amén de inconcretas, operan sobre los mecanismos que sostienen el libre mercado, con consecuencias difíciles de prever. El plan supone, además, un virtuoso ejercicio de malabarismo financiero, en el que una parte de los sectores afectados por la subida de las materias primas, como las gasolineras, se convierten en financiadores del Estado, es decir, adelantan el dinero de las subvenciones. Otros, como las eléctricas, que operan en un mercado regulado y bajo unas reglas de juego impuestas por la Administración, pagan con parte de sus beneficios las ineficiencias del sistema. Otros, como los arrendadores de pisos, se convierten en corresponsables involuntarios de la incapacidad del Gobierno para garantizar el derecho constitucional del acceso a la vivienda y, otros, por fin, como los empresarios, se ven despojados de uno de los instrumentos básicos en la gestión de sus negocios como es el de la libertad de contratación.

A cambio, el Gobierno ofrece más dinero a crédito a unas empresas que o no lo necesitan o están endeudadas hasta las cejas, y una rebaja ridícula en el precio de los combustibles, parte de la cual correrá a cargo de las petroleras. Son, en definitiva, medidas que eluden, entre fanfarrias, el núcleo del problema, que no es otro que el exceso de presión fiscal sobre los bolsillos de los contribuyentes españoles, con el que se paga un gasto público desbocado, con absurdas partidas presupuestarias, que apenas cubre las necesidades más perentorias del estado de bienestar. Y nos hallamos sólo ante el principio de la crisis ucraniana, es decir, que todavía la sociedad española no está sufriendo todos los efectos temidos de la prolongación de la guerra y de las sanciones impuestas a Rusia.

Cualquier gobierno razonable trataría de rebajar la carga impositiva y racionalizar el gasto público, confiando en la recuperación del tejido productivo y del mercado laboral. Pero, aquí, por lo visto, parece un anatema prescindir de los beneficios fiscales, caídos del cielo, que proporciona al Ejecutivo el repunte inflacionario. Es más, desde la izquierda más radical se insiste en la vía contraria, mientras en Hacienda ya se cuestionan si se puede pagar la subida del IPC a los pensionistas.