Editorial

La inflación no es sólo culpa de Putin

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, en un alarde analítico, ha calculado que el 73 por ciento del alza de la inflación registrada en marzo debe atribuirse a las consecuencias de la guerra de Ucrania, es decir, que cuando el conflicto amaine o las economías europeas terminen el obligado reajuste, todo volverá a su ser. Sin negar la influencia que pueda tener la invasión ordenada por Vladimir de Putin en el alza de los precios, que con una subida del 9,8 por ciento del IPC nos devuelve a escenarios de la Transición, lo cierto es que el proceso inflacionista comenzó en mayo de 2021, primero, tímidamente, para acelerarse en el final del año.

De hecho, el pasado mes de febrero, antes de la guerra, terminó con un alza del IPC del 7,6 por ciento, lo suficientemente alta como para desatar las primeras señales de alarma. Pero existe otro dato que abunda en lo que decimos, como es que la inflación en Alemania, –mucho más expuesta a la energía de origen ruso que España–, es un 29 por ciento más baja que la española, cuestión que se explica perfectamente desde la ortodoxia económica, puesto que el endeudamiento del estado germano no tiene parangón con el desatado incremento de nuestro déficit presupuestario.

Ayer, el instituto de análisis económico de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) cifraba en 16.700 millones de euros las pérdidas que sufrirán los hogares por la inflación, –ese impuesto añadido que no precisa ser legislado– con la inevitable afección negativa en el consumo interno y, por lo tanto, en el mercado laboral, que neutralizará los ingresos fiscales extra de un Gobierno que,es preciso recordarlo, se empeñó desde el populismo en indexar las subidas de las pensiones al IPC y, ahora, trata de buscar fórmulas imaginativas para no cumplir.

Porque, desde la cruda realidad, se están cometiendo los mismos errores que llevaron a las altas tasas inflacionistas de las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo. De hecho, una subida del IPC de la magnitud de marzo no se registraba en España desde 1977. Llegará un momento en que la Unión Europea recuerde que el principal objetivo del BCE es el control de la inflación y, entonces, cuando se pare la máquina de imprimir billetes, en forma de compra de deuda pública, el gobierno español de turno, el que sea, tendrá que afrontar lo inevitable. La vuelta al control del déficit del PIB y a la reducción de la deuda nacional. Habría que comenzar ya la tarea, pero no parece que nuestro actual Ejecutivo, enganchado a la barra libre de gasto público, esté por la labor. Todo lo contrario. Sus propuestas económicas, como venimos denunciando, van en la dirección contraria, apoyadas en el intervencionismo de los mercados, buscando un quimérico control de los precios, y en el endeudamiento. Las mismas fórmulas fracasadas de la izquierda.