El Gobierno se ha dado un tiro en el pie

No hay precedentes, al menos nosotros no los hemos encontrado, de que un gobierno reconozca que ha tenido los teléfonos de su presidente y de su ministra de Defensa intervenidos y, lo que es asombroso, afirme que se ha dado cuenta del hecho un año después. Porque eso es lo que sucedió ayer, en una rueda de prensa intempestiva, convocada a las 7 de la mañana por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuando en la capital de España se desarrollaba el acto central de las fiestas del Dos de Mayo, con un discurso de la presidenta madrileña de claro perfil nacional y el inevitable protagonismo del nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, sin ánimo de hurgar en la herida, se limitó a comentar que el anuncio le parecía «una casualidad política no menor».

Si en ningún orden de la vida, incluida la política, es bueno entrar en juicios de intenciones, en este caso se suscitan tantas dudas que cabe preguntarse si acaso nos hallamos ante una cortina de humo, con la que el Gobierno buscaría desactivar la crisis del espionaje abierta con sus socios de ERC. Pero, si esa es la estrategia, se puede afirmar que lo que ha hecho el Ejecutivo es darse un tiro en el pie.

No es sólo el escepticismo que traslucen las reacciones de los nacionalistas catalanes ante la revelación gubernamental, sino, y es muy significativo, que sus propios socios en el Gabinete se hayan apresurado a plantear las conclusiones evidentes: que se trata de una profunda brecha en la seguridad del Estado y que es imperativo depurar las responsabilidades pertinentes, en expresión de la ministra Ione Belarra, que, luego, el fundador de Unidas Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tradujo al castellano común exigiendo las dimisiones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ex compañeros de Gabinete poco apreciados entre las filas de la formación morada.

Por supuesto, el asunto de las responsabilidades no acaba aquí, puesto que podría extenderse a Paz Esteban, la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia –supuesto escudo de la seguridad del Estado ante agresiones exteriores, como la reconocida por el propio Gobierno–, que acabaría pagando, de paso, las disfunciones internas y los problemas de coordinación que se produjeron en la última etapa al mando del CNI del general Félix Sanz Roldán.

Con todo, lo más incomprensible es el reconocimiento paladino del Gobierno de que no hay manera segura de averiguar quién es el responsable del espionaje, más allá de que se llevó a cabo con el programa israelí Pegasus, que, oficialmente, sólo se proporciona a clientes gubernamentales, lo que abre camino franco a todo tipo de especulaciones sobre el origen interno de la intrusión, que, tiempo al tiempo, servirán de ariete contra las instituciones del Estado.