España, el enfermo económico de Europa

Ha bastado un tímido cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo para que hayan saltado las alarmas entre los inversores internacionales por la salud de la economía española. Como si la mayoría de los actores financieros coincidieran en el diagnóstico del enfermo, que en cuanto cese la trasfusión de dinero barato y las compras millonarias de la deuda pública que emite Madrid, aflorarán con toda su crudeza los desequilibrios económicos y la prima de riesgo volverá a ocupar la primera página de los periódicos.

No se explica de otra manera que, como ha ocurrido con la «excepción ibérica» del mercado del gas, desde el BCE y la Comisión Europea se hayan apresurado a anunciar otras excepciones de política monetarista, también para Italia, con el objetivo de evitar que la deriva española arrastre al resto de la Eurozona, en un escenario de alta inflación, en el que el regulador central está obligado a poner término a la barra libre de compra de deuda y a elevar los tipos de interés.

Y no hay otra. La inflación siempre es un problema provocado por el exceso de circulante, que es lo que ha ocurrido con las generosas medidas adoptadas para combatir los efectos de la pandemia. Se nos dirá que la prima de riesgo se mantiene por debajo de los 150 puntos, barrera psicológica tras la que saltan las alarmas; que la rentabilidad del bono a 10 años ha subido, pero se contiene por debajo del 3 por ciento –el bono alemán cerró ayer en el 1,669 por ciento– y que las políticas de crecimiento impulsadas por el Gobierno están dando los primeros resultados, con mayores ingresos fiscales y un mercado laboral que mejora.

Pero no es exactamente así. En el «ranking de competitividad mundial», que anualmente elabora la Escuela de Negocios del IMD, España ocupa los últimos puestos, precisamente, por su política fiscal, el desempeño del Gobierno y el marco laboral. Tres cuestiones que, sin duda, pesan en el ánimo de los inversores. Pero hay más. Navegando a favor de la brisa del dinero gratis del BCE, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha llevado la deuda pública española hasta el 117,7 por ciento del PIB, en torno a 1,45 billones de euros, y creado un enorme déficit estructural del 6,76 por ciento.

Y, si bien, es cierto que la alta inflación está incrementando los ingresos del estado, no es un situación que Bruselas pretenda consolidar. Hasta ahora, las políticas de expansión del gasto público de La Moncloa se han visto, en cierto modo, salvaguardadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero llegará el día en que la UE vuelva a la disciplina fiscal y a exigir el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, lo que obligará a llevar a cabo unas medidas de ajuste, más duras, cuantos más desequilibrios afecten a la economía española. Porque, es inevitable, la era del dinero gratis toca a su fin.