La Justicia a la carta que pretende Sánchez

No se caracteriza, precisamente, este Gobierno por su perspicacia y sus dotes de previsión, pero la peripecia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entraría en el género de la astracanada si no fuera porque detrás de las insólitas maniobras gubernamentales puede adivinarse la voluntad de constituir una Justicia a la carta, es decir, apoyada en la problemática figura del «juez progresista», que ahorre al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, algunos notables sonrojos legales, como el de la inconstitucionalidad de los decretos de confinamiento dictados durante la pandemia.

Descubierta la estrategia, que, por supuesto, no representa novedad alguna en la trayectoria del PSOE, cabría pedir a sus ejecutores una mínima habilidad para, el menos, mantener la apariencia estética, pero acabaríamos por caer en la melancolía que produce la reiteración de los esfuerzos inútiles. Porque la cuestión, como recordarán perfectamente nuestros lectores, dado que no tratamos de hechos de un tiempo remoto, es que el Gobierno social comunista ha tratado de forzar una renovación de los magistrados del CGPJ que le fuera aritméticamente favorable, encontrando, como era de esperar, la firme oposición del Partido Popular, ahora convencido de que es preciso despolitizar el órgano de gobierno de los jueces por el mejor procedimiento de que sean los propios magistrados quienes elijan a sus vocales.

La primera reacción del Ejecutivo, entonces pletórico, fue cambiar el sistema de elección, sustituyendo por una mayoría simple parlamentaria lo que requería tres quintos de la Cámara. El intento se frustró gracias a la intervención de una Unión Europea que viene abogando por reforzar el respeto a la independencia del Poder Judicial, como, por otra parte, parece razonable. Pero, a continuación, en marzo de 2021, el Gobierno se sacó de la manga una reforma legal, por la que establecía que el CGPJ, mientras estuviera en funciones, no podría cubrir las plazas de jueces y magistrados que quedaran vacantes –hoy, como ha publicado LA RAZÓN, hay 62 puestos sin renovar–.

Era una manera de trasladar la presión de la carrera judicial hacia el PP, forzándole a la renovación del Consejo, aunque fuera a costa de tomar como rehenes a los tribunales de Justicia. No sólo no le ha funcionado, sino que como la reforma se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional –dos por el Gobierno y los otros dos por el CGPJ– el PSOE ha puesto en marcha, sin siquiera comunicárselo a sus socios, una «reforma de la reforma» que favorezca sus designios, que no son otros que cambiar la actual mayoría «conservadora» del TC por otra «progresista». Por supuesto, le echan la culpa a una oposición que estaba dispuesta a volver a la mesa de negociación, pero, al parecer, desde lo de Andalucía, Sánchez tiene mucha prisa.