Deplorable tiempo de impunidad sobre ETA

Es un ejercicio de salud, higiene y resistencia democráticas no asistir con pasividad al escándalo que supone para cualquier estado de derecho normal el proceso de blanqueamiento de una banda terrorista, en este caso ETA, y de su historial criminal durante más de cuatro décadas en las que intentó por los medios más brutales y despiadados poner a la nación y a los españoles de rodillas. Con Pedro Sánchez en La Moncloa y Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior se han sobrepasado todos los límites que una moral pública e institucional que se tenga por tal maneja para deslindar actos éticamente valorables de otros intrínsecamente malvados, dañinos y ofensivos. Al apadrinar una política de colaboración con la izquierda proetarra, mercadear su respaldo, incensar sus méritos para con la gobernabilidad del Estado, el gabinete de la nación tiroteada ha elegido un nuevo bando, cuando el suyo fue siempre hasta el presente el de los demócratas y las víctimas. Desde el momento en el que Bildu es celebrado desde Moncloa y el PSOE como una referencia democrática y un ejemplo en contraste con la oposición del centroderecha, la conversión y la adulteración de valores medulares son un hecho y la deriva consiguiente de actos ejecutivos va en consonancia. Los principios constitucionales han estallado por un puñado de votos y unos meses en el poder y el relato oficial ha sido convenientemente manipulado, ante una sociedad desorientada y absorta, en el que se consagra un escenario homologable a la derrota del vencedor. Ni Sánchez ni sus epígonos esconden ya sus decisiones convertidas en la compensación a Bildu por sumar sus escaños a la mayoría, como tampoco ocultan su desapego a las víctimas del terrorismo, un colectivo molesto, convertido en la conciencia de un país y un tiempo que estorban en la hegemonía de la izquierda. Se han recopilado 339 actos de homenaje a presos terroristas en los primeros siete meses de 2022 sin que autoridad alguna del Estado haya intentado al menos entorpecer la felonía. Que se jalee en la calle a los asesinos de hombres, mujeres y niños, como sucede otro verano más en demasiadas localidades vascas y navarras, da la talla de al menos esa parte de la sociedad vasca y sin duda de los gobiernos, los jueces y los fiscales que miran para otro lado. Da también la idea de la capitulación de la democracia, o al menos de los que la dirigen hoy, el intenso proceso de entrega de los etarras presos a la autoridad nacionalista penitenciaria. Solo 50 internos siguen fuera de las prisiones del País Vasco y Navarra, que acogen ya al 70% de ellos. Se los recompensa sin haber colaborado con la Justicia, sin haber pedido perdón a las víctimas y sin arrepentirse. Sánchez y Marlaska han enlutado a la democracia con una mancha de infamia que costará higienizar. Será el primer deber de otro gobierno, honrar a nuestros muertos, esos que ahora se han quedado tan solos.