España necesita otra política eléctrica

Hoy, la tarifa eléctrica llegará a máximos desde que comenzó a aplicarse una «excepción ibérica» que, con los datos contables en la mano, parece que sólo ha favorecido a nuestros vecinos franceses, que han incrementado en un 200 por cien las compras de electricidad a España, precisamente, en un momento de baja producción de su red de centrales nucleares. Y es que una parte del importe de la factura de la luz que pagarán los españoles se destinará a compensar a las compañías gasistas el tope del precio del gas, lo que nos recuerda que cualquier acción gubernamental destinada a alterar el normal funcionamiento de los mercados siempre acaba repercutiendo en el bolsillo de los sufridos contribuyentes.

Valga este preámbulo para señalar que, ayer, pese a las inauditas presiones gubernamentales, el Partido Popular anunció que votará en contra del decreto ley de ahorro energético, que debe ser convalidado por el Parlamento. Salvo sorpresa inesperada, puesto que tanto el ERC como el PNV sólo han expresado su incomodidad con la medida con la boca pequeña, el Gobierno sacará adelante el proyecto con los votos de sus socios de investidura, pero lo que más importa en estos momentos es que los populares sean capaces de trasladar a la ciudadanía la realidad de que es perfectamente posible llevar a cabo otras políticas energéticas, sin estar maniatados por la nociva y pretenciosa ley de «emergencia climática» que promulgó Pedro Sánchez, cuando parecía que el mundo se volvería «verde» con solo chascar los dedos.

Pero no. La carga ideológica, con un claro ingrediente populista, que subyace en la estrategia energética y medio ambiental del Ejecutivo se ha dado de bruces con la realidad de la guerra de Ucrania y de una crisis económica e inflacionaria que tiene mucho que ver con los costes de la energía. Así, el voluntarismo del Gobierno, aderezado con errores garrafales como el cometido con Argelia, ha caído como una losa sobre la economía española, con un efecto dominó que acaba por tocar a todas las actividades productivas, desde el transporte a las industrias electrointensivas, incapaces de competir en los mercados internacionales. Que se haya prohibido, por ejemplo, la exploración y explotación de minerales de litio, fundamentales en el futuro de la electricidad automotriz, es una decisión populista extrema que, de no rectificarse, reprocharán amargamente las generaciones venideras.

Ayer, el PP, justificó su negativa a apoyar un plan «improvisado y lleno de frivolidades» en la necesidad de llevar a cabo un cambio profundo en la política eléctrica, comenzando por la modificación de la ley de emergencia climática, y que pone el acento en el aprovechamiento de otras energías, como la nuclear, que ahora sí son «verdes» en la atribulada Unión Europea. Ese es el camino. Lo demás es insistir en el error.