La pataleta inútil de los barones socialistas

A medida que avanza la negociación de los Presupuestos Generales con los aliados nacionalistas del Gobierno, especialmente el PNV y ERC, se multiplican las quejas y las advertencias que recibe Ferraz por parte de unos barones socialistas que, sondeo tras sondeo, ven difuminarse sus expectativas de voto. La última alarma ha saltado a raíz de la probable reforma del Código Penal que, a demanda de los soberanistas catalanes, rebajaría el tipo penal del delito de sedición por el que fueron condenados a largas penas de prisión los autores de la intentona secesionista de 2017, luego, indultados.

Se trata de una cuestión con una profunda carga política, cuyos efectos electorales pueden ir mucho más allá que la inequidad en el reparto de los fondos autonómicos o en las cesiones del llamado «cupo vasco», que privilegia la financiación de una región, ya de por sí rica, sobre el resto, pero que es trágala acostumbrada con los gobiernos en minoría parlamentaria. Ciertamente, tienen razón los barones y, de hecho, en diciembre de 2015, forzaron una resolución del Comité Federal del PSOE en la que se vetaba cualquier negociación política con aquellas formaciones nacionalistas que no renunciaran expresamente al soberanismo, que es, exactamente, lo que hizo Pedro Sánchez para llegar a La Moncloa y sostenerse, incluso, tratando con los proetarras de Bildu.

Por supuesto, las consecuencias del maridaje con unos grupos políticos que, como declaró el PNV ayer, pretenden la desarticulación del Estado y de sus instituciones o, directamente, la ruptura territorial, tenía que pasar la inevitable factura, y así ha sido: el PSOE ha perdido su feudo de Andalucía y ha quedado como fuerza residual en Madrid, Castilla y León, y Galicia. Es más, hay unanimidad en las encuestas electorales independientes a la hora de pronosticar un trasvase de apoyos socialistas hacia el Partido Popular que rondaría el millón de votos, que sumarían para conceder una mayoría suficiente de gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, las reconvenciones de los barones, las advertencias a puerta cerrada, las quejas o las mismas declaraciones efectistas de algunos de ellos no tienen más efecto que el de una pataleta inútil. Porque la realidad es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende apurar la legislatura, con el objetivo de enlazar su presidencia europea con las elecciones generales de finales de 2023, en la creencia de que puede darle la vuelta a las encuestas. Y para ello, depende de los nacionalistas vascos y catalanes, y, por supuesto, de unos socios comunistas que tampoco se lo ponen fácil con leyes divisivas como las que consagran la autodeterminación de género, el desprecio a la patria potestad de los padres o las restricciones a la objeción de conciencia. Parece que los intereses de Sánchez no son, precisamente, los de sus barones.