María Jesús Montero, en su «metaverso»

No era sencillo para la ministra de Hacienda la defensa de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han recibido las reconvenciones y críticas del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por no hablar de las negativas previsiones y análisis de las instituciones y organismos económicos, financieros y empresariales de carácter privado. Pero María Jesús Montero salió al Hemiciclo con dos líneas argumentales que, si bien nos remiten mejor a un «metarverso político» que a la realidad que viven los españoles, tuvieron la virtud de soslayar el espinoso fondo de la cuestión y trasladar el debate al cuerpo a cuerpo con el Partido Popular, como es sabido, epítome de todos los males.

Así, los apoyos pactados con los nacionalistas se convierten para la ministra en una especie de «pactos de La Moncloa», obviando, por ejemplo, que las contrapartidas incluyen cuestiones tan alejadas de las cuentas públicas como es el establecimiento de unas selecciones deportivas de Pelota Vasca y de Surf, el final de la dispersión de presos etarras o la inclusión en la mesa de diálogo catalana de la reforma del Código Penal en lo que respecta al delito de sedición. Con lo que cualquier parecido entre los acuerdos que hicieron posible la Transición y la política de pura supervivencia de este Gobierno entraría en el campo del sofisma.

Lo mismo reza para el argumentario de la ministra de Hacienda de unos PGE que cuidan de las clases medias y de los pensionistas, frente a la defensa «de los ricos» que lleva a cabo un PP, empeñado en «dañar la democracia», cuando la realidad palmaria es que el 80 por ciento de los contribuyentes, es decir, la gran mayoría de los trabajadores, están excluidos de cualquier beneficio fiscal en el IRPF. La realidad, tozuda, es la de un Gobierno que tiene que cuadrar las cuentas de unos Presupuestos expansivos, propios del momento electoral, y lastrado por su minoría parlamentaria, por la vía habitual del incremento de los impuestos sobre aquellos que aún pueden pagarlos, como son las empresas y las familias.

Con el riesgo evidente, como ha advertido la AIReF, de que la previsión de ingresos se venga abajo con una economía amenazada de recesión técnica, lo que daría al traste con las previsiones de reducción del déficit público, pactado con Bruselas, y de la deuda nacional. Pero, por supuesto, de nada de esto habló la ministra de Hacienda, no fuera a ensombrecerse el luminoso canto a la perfección con la que el Gobierno dirige la gestión pública, pese a las voces agoreras de las instituciones económicas del Estado. Con todo, lo peor es que el trámite parlamentario de los PGE prosigue su curso y aún queda tiempo para que los socios nacionalistas le den otra vuelta más a su particular «Pacto de La Moncloa».