La carga «verde» cae sobre los más débiles

Sobre Teruel y otras comarcas del Bajo Aragón, arquetipos de la España más vacía, se cierne la amenaza de un paisaje sepultado bajo las sombras de gigantescos aerogeneradores y enormes parques de placas fotovoltaicas, cuyo fruto, la energía «verde», tiene consumidores distantes, en las áreas industrializadas y bien pobladas de Valencia y Cataluña, también, del propio Aragón, llamadas a seguir prosperando, mientras la carga energética cae sobre sus vecinos más débiles.

Así, lo que el presidente aragonés, Javier Lambán, considera un gran éxito –llevado por la mano de una empresa «amiga», Florestalia, a la que su gobierno ha favorecido con decretos autonómicos ad hoc desde 2016–, los turolenses lo sufren como un atentado directo a su modo de vida, fuertemente incardinado en uno de los parajes más bellos de España, y semilla de futuros desplazamientos de población.

Y no será porque la provincia no contribuya al imparable proceso de sustitución de las energías convencionales por las renovables. Como hoy publica LA RAZÓN, en Teruel hay actualmente instalados 22 parques eólicos, frente a los 12 de Cataluña, y están en tramitación un total de 336 parques eólicos y fotovoltaicos, con una potencia total de 19.000 megavatios, es decir, veinte veces más que el consumo de toda la provincia. Con un problema añadido, que está en marcha la autorización de una línea de muy alta tensión, proyectada por Florestalia para dar servicio a la comunidad valenciana, que, de aprobarse, serviría de imán para la instalación de más macroparques eólicos y solares.

Por supuesto, no se trata de rechazar el desarrollo de las energías renovables, más en un país como España que carece de fuentes de combustibles sólidos, sino de reconocer que la energía verde también tiene impactos medioambientales, no sólo paisajísticos, que es preciso tener en cuenta por parte de los responsables del diseño energético español. Porque, de lo contrario, la carga acabará recayendo, como ya sucede, sobre las comarcas más despobladas, con ayuntamientos en déficit crónico y sin capacidad de presión política, precisamente, porque el número de sus votantes las hace prescindibles en la oferta electoral.

Comarcas rurales, que combinan la producción agropecuaria con el atractivo turístico de sus sierras y parajes, de su fauna y de su flora, y a las que se amenaza con embargar el futuro a base de un «monocultivo eléctrico», escaso, incluso, en puestos de trabajo. Como demandan los vecinos de Teruel, corresponde al Gobierno central la elaboración de un plan de ordenación del territorio a efectos de la producción de energía, que garantice la mayor conservación medioambiental y la calidad de vida en el mundo rural. O, expresado de otra forma, la solidaridad debida entre todos los españoles, vivan en pueblos o en las grandes ciudades.