No hay que explicar lo que todo el mundo sabe

Los asesores electorales de La Moncloa parten de un error de fondo a la hora de elaborar un argumento político que justifique la anunciada reforma del Código de Penal ante la opinión pública, porque no es necesario explicar lo que todo el mundo sabe, que el Gobierno, urgido por sus socios nacionalistas a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son la llave de la legislatura, va a dejar expedito el camino para que los autores de la intentona golpista en Cataluña puedan reincorporarse lo antes posible a la vida política.

Si para ello es necesario ampliar la reforma al delito de malversación, que inhabilita para el ejercicio de los cargos públicos, pues se hace, procurando, eso sí, acelerar el calendario legislativo, de manera que no coincida con el inmediato proceso electoral. Más allá de las consideraciones jurídicas, incluso, morales, que puedan hacerse sobre el hecho de que el Ejecutivo de un país democrático se embarque en una especie de «derecho de autor» para cubrir las limitaciones de su minoría parlamentaria, lo cierto es que el coste político de tal actuación no va a ser fácilmente enjugable, más cuando se opera sobre un asunto ideológicamente trasversal para el conjunto de los ciudadanos como es la soberanía nacional y el concepto de la unidad de la Nación.

De ahí que aunque nos parezcan muy loables los esfuerzos de los ideólogos socialistas para darle la vuelta a lo evidente, debamos recordar que, a la postre, los empeños inútiles conducen a la melancolía. Por supuesto, con ello no queremos negar que existe una base de votantes socialistas y comunistas a quienes las condiciones del acuerdo con los nacionalistas les parecen aceptables o, simplemente, consideran que es un precio lógico a pagar si el Gobierno de coalición pretende agotar la legislatura, pero, con todo, serán pocos los que se dejen seducir por el argumentario gubernamental. Entre otras razones, porque cuando hablamos del delito de malversación, con los matices que se quieran, tratamos de uno de los comportamientos delincuenciales más íntimamente ligado a la corrupción política, que suscitan el general rechazo de la opinión pública.

No hay «relato» que pueda justificar la impunidad, menos la sobrevenida, de quienes han empleado para fines espurios el dinero público, obtenido de los impuestos que pagan los ciudadanos, ya sea para beneficio personal, para sostener políticas de clientelismo partidista o, como es el caso, para costear los gastos de un proceso contra la Constitución y el mismo estado de Derecho. Con un problema añadido, que las justificaciones gubernamentales para legitimar lo que no es más que una cesión por meros motivos coyunturales puede trasladar a la ciudadanía que la apropiación de los fondos públicos, la corrupción, en suma, puede ser tolerada en algunas circunstancias y según quiénes sean sus autores.