Intolerable ataque a la dignidad del Congreso

No se caracteriza, precisamente, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por la ecuanimidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, pero lo ocurrido ayer en el caserón de la Carrera de San Jerónimo, con una ministra del Gobierno de la nación, fuera de sí y acorralada en el terreno de los argumentos, acusando al principal partido de la oposición de «fomentar la cultura de la violación», hubiera merecido por parte de la Mesa un reproche adecuado a la entidad de la injuria vertida, con la exigencia de retractación.

Más aún, cuando la ministra en cuestión, Irene Montero, viene reiterando las inicuas descalificaciones de los adversarios políticos, hasta el punto de negar la legitimidad democrática de representación y ejercicio de unas formaciones impecablemente democráticas, que nunca han puesto en cuestión el estado de Derecho, y que están refrendadas por el voto soberano. Ciertamente, los insultos de la titular de Igualdad han sido dirigidos hacia otros muchos sectores de la sociedad, especialmente, los representantes del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y los medios de comunicación críticos con sus políticas, pero se entra en una dinámica muy peligrosa cuando la sede de la soberanía popular se convierte en el escenario de una manera de ejercer la política que no respeta los límites del decoro parlamentario y la dignidad de sus diputados.

Y, aquí, no vale jugar a las equidistancias y buscar reflejos en el espejo de otros partidos, porque es, fundamentalmente, la extrema izquierda populista la que está convirtiendo el hemiciclo en un campo lleno de barro. La violencia verbal que suponen la calumnia y la injuria, es más intolerable cuando se ejerce desde la inmunidad que conceden las leyes a los miembros de la Cámara, a cuya Presidencia, insistimos, corresponde tomar las medidas disciplinarias oportunas en defensa de la dignidad del debate parlamentario.

Y se agrava aún más cuando esa misma Presidencia actúa desde el doble rasero por la única razón del partidismo de quien la ocupa. En cualquier caso, podemos admitir que la ministra de Igualdad sea incapaz de aceptar los hechos y reconocer la evidencia de los efectos indeseables de su reforma del Código Penal, impulsada desde meros presupuestos ideológicos, pero no son aceptables ni los epítetos descalificadores ni las acusaciones sin fundamento contra los jueces ni la injuria en sede parlamentaria, dirigida además, como recordó oportunamente la ministra de Justicia, Pilar Llop, contra un partido como el PP que es firmante destacado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. Ciertamente, el Gobierno en su conjunto tiene un problema con la actitud de algunos de sus miembros situados en la extrema izquierda antisistema, que han perdido el sentido de la mesura.