No eran los jueces, es que le faltaban votos

Podemos entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga de la necesidad virtud y presente las cesiones al nacionalismo catalán como fruto de una madurada reflexión política, pero se hace cuesta arriba aceptar que en el cambio de relato se incluya ese desacomplejado endose de la responsabilidad sobre una oposición que, en el fondo, sólo refleja la perplejidad que embarga a buena parte de la opinión pública.

Es evidente, así lo han reconocido paladinamente los propios destinatarios del favor gubernamental, que nunca ha habido un problema de judicialización de la política catalana, al menos, en la medida en que la intervención de los distintos tribunales de justicia respondía a la infracción del ordenamiento jurídico vigente por parte de los responsables de la intentona separatista catalana de octubre de 2017.

Tal es así, que el mismo dirigente socialista que hoy explica en términos de «desjudicialización» las reformas a la carta del Código Penal llevaba en sus planteamientos electorales la propuesta de recuperar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal, es decir, el recurso a la justicia, lo que apenas se compadece con su discurso actual, por más que la maquinaria de propaganda del Gobierno trate de hacernos creer lo contrario.

Propaganda que, dicho sea de paso, no parece abonada al éxito a tenor, como hoy publica LA RAZÓN, de la reacción de pánico electoral de muchos compañeros socialistas que tienen que defender lo indefendible ante sus electores, especialmente, la rebaja de la malversación, mediante la cual se rehabilita a Oriol Junqueras para que pueda presentarse a las elecciones. Por supuesto, las protestas internas no irán más allá del ejercicio del derecho al pataleo, pero, cuando menos, revelan que la cortina de humo es mucho más tenue de lo que se sería necesario.

La realidad, tozuda, es que la población española, en general, es consciente de que el problema de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con los procedimientos judiciales que hubo que poner en marcha a consecuencia del procés, seguidos con un respeto exquisito a las normas procesales, sino al hecho de que el Gobierno adolecía de una mayoría parlamentaria suficiente para agotar la legislatura sin el concurso de los partidos nacionalistas que, de la exigencia de los indultos, han pasado a reclamar la inmunidad a efectos prácticos de los condenados y procesados por la intentona separatista. Es decir, no es una cuestión de jueces, sino de falta de votantes.

Sin entrar en la ironía que supone que el partido que más ha involucrado a los tribunales en la pugna política partidaria se rasgue ahora las vestiduras, lo cierto es que la opinión pública entiende perfectamente las motivaciones del manoseo del Código Penal. Otra cuestión, que resolverán las urnas, es hasta qué punto está justificado el miedo de los candidatos socialistas.