Se abre una legislatura de problemático final

Hoy tendrá lugar uno de los actos institucionales más significativos del calendario político, la solemne sesión de apertura de la XVª Legislatura que reúne en la sede de la soberanía nacional, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, a los diputados y senadores electos, a los representantes del Gobierno, a los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, a los presidentes autonómicos y al resto de las principales autoridades del Estado.

Se espera con lógica expectación el discurso de apertura de Don Felipe VI, el tercero de estas características que pronunciará en las Cortes, pero que en las actuales circunstancias políticas cobra mayor relevancia. Sin embargo, no es cuestión ahora de especular sobre la intervención del Jefe del Estado, que cumplirá escrupulosamente con su deber constitucional, porque la legislatura que comienza lo hace bajo la presunción de un incierto y problemático final, pese a que los partidos que conforman el gobierno de coalición social comunista y sus socios de investidura han conformado un Congreso de tan clara obediencia gubernamental que haría impensable en cualquier otro momento el cierre abrupto de la legislatura.

No sólo el partido del Gobierno tiene mayoría determinante en la Mesa de la Cámara, sino que su secretario general, el letrado mayor Fernando Galindo, designado por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista balear Francina Armengol, presenta inocultables afinidades partidarias con el actual Ejecutivo. No es un asunto baladí, especialmente, ante los precedentes en la actuación de la Mesa que, cuando menos, pueden calificarse de poco respetuosos con el espíritu y las normas del Reglamento del Congreso y, cuando más, de directamente sectarios.

Sólo así se explica que, por citar un ejemplo, se haya aceptado el informe de admisión de la proposición de amnistía con un dictamen de los servicios jurídico del Congreso, preceptivo, que no va firmado por nadie. Se trata de una irregularidad en el procedimiento que debería invalidar la tramitación de la citada ley, pero que, seguramente, quedará en nada. La proverbial aplicación del rodillo por parte de Armengol también ha desechado la petición del PP y Vox para que el CGPJ y el Consejo Fiscal informen sobre el contenido de la proposición de ley, trámite que, si bien, no es obligatorio –algo de lo que se ha preocupado el Gobierno utilizando un atajo parlamentario– parecería conveniente a tenor de la amplia resistencia popular e institucional que suscita la dichosa ley de gracia.

De ahí que si a esta «colonización» del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo le sumamos un Tribunal Constitucional de mayoría progresista parezca un ejercicio de mero voluntarismo poner en duda la duración normal de la legislatura. Y, sin embargo, es así, porque la mayoría gubernamental no tiene los verdaderos resortes.