Alivio a una industria esencial para Europa

Enfrentada a una competencia asiática y norteamericana sin las trabas medio ambientales y regulatorias de la agenda 2030, la industria europea del automóvil tenía que provisionar en este año de 2025 más de 16.000 millones de euros, que es la cifra estimada de las multas que debería pagar al no haber conseguido una reducción del 15 por ciento en sus emisiones de CO2. Cifra ingente que, como es de suponer, abocaba al cierre o a la deslocalización en un sector que, en 2024, proporcionaba más de seis millones de puestos de trabajo en la UE, incluidos los servicios de venta y reparación de vehículos.

Detrás de la imposibilidad de alcanzar las reducciones de gases exigidas por la Comisión Europea –en un ejercicio de voluntarismo y radicalidad verde que se ha convertido en una fábrica de euroescépticos, como demuestran las últimas elecciones europeas– está el fracaso del coche eléctrico, cuyas ventas se han estancado y no sólo por los precios, sino por la falta de suficientes puntos de recarga en la mayoría de los países concernidos, especialmente en las grandes ciudades, con tipologías habitacionales que hacen prácticamente imposible a los residentes de los barrios obreros disponer de enchufes accesibles para las recargas de la batería.

Efectivamente, no está en las mismas condiciones el ciudadano que habita en un casa individual con dos plazas de garaje que el que vive en uno de esos inmuebles de protección oficial que se levantaron en el continente tras la Segunda Guerra Mundial. No es tanto, pues, el precio del automóvil eléctrico, demasiado costoso para la mayoría de los bolsillos como la incomodidad de un modelo de transporte con cortas autonomías, baterías de vida limitada y red insuficiente de recarga.

No había que ser un premio Nobel para calcular los problemas que iba a traer la sustitución de un parque comunitario de 290 millones de coches –en España es de 24 millones de automóviles, a los que hay que sumar cinco millones de camiones y furgonetas– en un periodo de tiempo tan escaso. Más aún, cuando la población –la misma que en un solo lustro pasó de la telefonía fija a la móvil– no está por la labor y solo se aviene al cambio a base de prohibiciones draconianas y multas.

De ahí que sea de toda lógica la propuesta de la Comisión Europea de extender tres años más el plazo de reducción de las emisiones, tiempo que necesita la gran industria europea para investigar y desarrollar nuevas mejoras en la producción, especialmente, en el campo de las baterías, y poder competir en mejores condiciones con la industria asiática, a la espera de que la combinación de mayores inversiones públicas en las infraestructuras de recarga, ayudas a la compra de los nuevos vehículos que sustituyan al parque actual y la imposición de más prohibiciones convenzan al ciudadano, renuente, de que no le queda otra que salvar el planeta.