Cualquier actuación en la instrucción abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, viene sucedida por una reacción exagerada de la izquierda gobernante contra la figura del juez instructor de la causa, a quien se acusa, ya sin recato alguno, de llevar a cabo una actuación política propia de los jueces fachas al servicio del Partido Popular, en desacomplejada expresión del portavoz federal de Podemos, Pablo Fernández, o de no actuar de manera imparcial, como afirma el ministro de Justicia, Félix Bolaños, señalamiento grave cuando se refiere a un magistrado en el ejercicio de sus funciones. Pero lo que nos faltaba por ver es que el menosprecio de la acción judicial por parte del propio Poder Ejecutivo alcanzara a la figura del jurado, institución con 30 años de existencia en el sistema judicial español, que fue revitalizada a instancias del PSOE y que, salvo contadas excepciones debidas a la presión terrorista etarra o a una deficiente guía por parte del tribunal sentenciador, se ha desempeñado en estas décadas con notable eficiencia. Pues bien, nada más conocerse la disposición del juez Juan Carlos Peinado de desgajar de la causa contra Begoña Gómez y otros dos acusados -la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín- las diligencias por un delito de malversación cometido por funcionario público, que según la ley vigente debe ser juzgado por un jurado popular, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha extendido la sospecha de un jurado integrado por los mismos que se manifestaban contra Pedro Sánchez en Ferraz. En realidad, esta actuación coordinada de los miembros del Gobierno -también han reaccionado contra el juez Peinado la ministra Portavoz, Pilar Alegría, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- responde a un cálculo malicioso por parte de los equipos de propaganda de La Moncloa por el que se pretende instalar en la opinión pública española la idea de que cualquier condena penal que pudiera sufrir la señora Gómez, a quien, no hay que olvidarlo, protege el derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier ciudadano, no será fruto de la conducta delictiva de la acusada, sino la consecuencia inicua de una persecución política azuzada por la Oposición y amparada por unos jueces y magistrados prevaricadores. Se trata de un argumento maniqueo, que enraíza en la polarización artificial de la sociedad que lleva a cabo el Gobierno, y que por su propia naturaleza es gravemente destructivo de la convivencia ciudadana por cuanto lleva a la desconfianza en la integridad y la imparcialidad de la Justicia. Cuando los tribunales de un país dejan de ser entendidos por el cuerpo social como neutrales, imparciales y profesionales, es decir, como garantes de la verdad jurídica, es muy difícil guardar la confianza pública en el conjunto de las instituciones. A este tremendo riesgo nos aboca el cierre de filas clientelar del sanchismo.