El contrato con los electores y los peajes

La decisión de imponer peajes en las redes de autovías españolas debería haber sido objeto de un amplio debate público, dado que se trata de una medida que no sólo afecta directamente a un amplio sector de la población –la que se desplaza en su vehículo privado por razones de trabajo, ocio o familiares– sino también al sector del transporte por carretera, hegemónico en España, y a la industria turística, pero una vez tomada esa decisión lo menos que se puede pedir a sus responsables es que asuman lo hecho y, por supuesto, que lo hagan público en tiempo y forma.

Sin embargo, hemos asistido a una especie de vodevil, en el que distintos portavoces gubernamentales, comenzando por el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han tratado de ocultar lo que, a todas luces, era la verdad del polichinela. Pero si negar la realidad ya es grave de por sí, es difícilmente calificable que se haya tildado a quienes denunciaban los hechos de «propagadores de bulos», incluso, en el marco de un debate electoral.

Por supuesto, podemos comprender los apuros del candidato socialista ante la materialización pública de una medida de tal calibre en vísperas de las elecciones, pero, así es el juego de la política, una vez puesto en el disparadero lo que le tocaba al inquilino de La Moncloa era cumplir ese contrato no escrito con los electores, que es una de las bases de los sistemas democráticos y establece el derecho de los votantes a tener toda la información en sus manos antes de acudir a las urnas.

Ha tenido que ser, una vez más, un portavoz de la Comisión Europea, en este caso la responsable de Economía, Veerle Nuyts, quien desmienta lo afirmado por el candidato socialista y su ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y explique que el establecimiento de los peajes está incluido en el «Plan de Recuperación» propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que contiene el mecanismo de pago por el uso de las carreteras, que empezará en 2024, bajo el principio de «quien contamina, paga». El Plan, como detalla la portavoz de la Comisión, está además condicionado a la entrega del quinto pago de los fondos de recuperación, de unos 8.000 millones de euros. No es cuestión ahora, en plena recta final de la campaña, de plantear si el próximo gobierno que salga de las urnas puede desdecirse del compromiso adquirido con Europa, entre otras razones, porque la tentación de caer en una promesa populista es muy alta, pero sí parece oportuno que el candidato socialista, que ha venido negando la mayor con gesto airado, dé una explicación convincente a los ciudadanos sobre el contenido esos acuerdos firmados por su gobierno.

Aunque, visto lo visto, también podría señalar como esparcidora de bulos a la propia portavoz de la Comisión Europea, que nada se juega en el envite del 23J.