Cuando al Gobierno solo le queda la insidia

No es cuestión de entrar en la defensa de Isabel Díaz Ayuso, aunque solo sea porque la presidenta de la comunidad de Madrid ha demostrado con creces que es prácticamente imposible amedrentarla, pero sí de denunciar a un Gobierno que impulsa una campaña claramente insidiosa contra un adversario político legítimamente refrendado por las urnas, allí donde más daño moral y personal puede hacerse, como es el ataque en el ámbito familiar.

En este momento procesal, no estamos en condiciones de acusar al Ejecutivo de utilización fraudulenta de la inspección de la Agencia Tributaria o de la Fiscalía provincial madrileña, lo que implicaría un delito grave, por más que muevan a la suspicacia las circunstancias que rodean el caso de la pareja de Ayuso, con la oportunísima filtración pública de unos expedientes remitidos a la fiscalía por un supuesto fraude en el impuesto de sociedades del que ni siquiera hay formalizada acusación, y una fiscal-jefe que fue alto cargo en un gobierno socialista y nombrada por Dolores Delgado que fuera ministra de Justicia y fiscal general con Pedro Sánchez.

Asimismo, nada hay, que sepamos, en el expediente fiscal que relacione la presunta evasión impositiva con cualquier organismo de la Comunidad, si bien, a los efectos prácticos buscados, sería lo de menos porque, culpable o inocente, de lo que se trata es de infamar a Díaz Ayuso por su relación personal. Y lo hacen los mismos políticos de izquierdas que se desgarran las vestiduras cuando se vincula a sus familiares directos con casos, esos sí, de corrupción pública, y quienes se llenan la boca con el «no todo vale en política», cuando una ministra en activo tuitea sobre Ayuso y su pareja rozando el delito de calumnia.

Con todo, lo que más asombra es el desahogo de los medios de propaganda gubernamental, que alcanzan hitos norcoreanos, y la escalofriante frialdad del propio presidente del Gobierno cuando acusa desde la tribuna del Congreso, amparado por la inmunidad del cargo, de corrupción a un ciudadano particular, hermano de la presidenta, sobre el que pesan dos investigaciones fiscales, una de ellas, europea, que concluyeron que no había base acusatoria alguna.

No conviene, sin embargo, restar importancia al daño en la opinión pública de este tipo de campañas desde la izquierda –como ejemplifica el caso de Valencia, con un presidente popular que ganaba las elecciones, como Francisco Camps, que lleva nueve absoluciones judiciales–, porque son recurso habitual del socialismo español cuando se ve impotente ante las urnas. La destrucción personal de Isabel Díaz Ayuso, convertida en bestia negra de una izquierda estrepitosamente derrotada en el campo electoral, no forma parte de los gajes de la política. Es el retrato patético de cómo acaba un gobierno sin otra arma que blandir que la insidia.