Editorial
Desatino sanchista con la política fiscal
Lo más desalentador es la insistencia de los medios gubernamentales en presentar la situación económica española con los mejores tintes, lo que puede responder a mera táctica política o, lo que es más grave, a una fuga de la realidad.
La deuda pública de España, que ya supone el 105 por ciento del PIB, es 24 puntos superior a la media de la Eurozona y sigue en aumento, muy lejos del objetivo marcado por Bruselas de limitarla al 60 por ciento del PIB. Al mismo tiempo, la presión fiscal sobre los trabajadores, empresas y familias españolas, con marcas históricas de recaudación para el Estado, está llegando a los límites de ineficacia de la llamada «curva de Laffer» –cuando el exceso impositivo daña la capacidad contributiva de los ciudadanos–, tal y como revela el último estudio de la Fundación Juan de Mariana, que, entre otras cuestiones, sitúa el tipo promedio real del IRPF que pagan los trabajadores en el 35 por ciento, si se tiene en cuenta que el grueso de la recaudación por este impuesto –el 91 por ciento de los ingresos de Hacienda– recae sobre las espaldas del 41 por ciento de los asalariados, dado que el 59 por ciento restante apenas contribuye por la incontestable razón de que cobran unos sueldos muy bajos, que apenas dan para vivir.
Y, sin embargo, desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez se insiste en que todavía hay margen para seguir subiendo los impuestos a unos «ricos» que ya pechan con la parte del león del IRPF, con tipos máximos del 47 por ciento de los ingresos, claramente confiscatorios, lo que, en los términos del estudio del centro Juan de Mariana, augura la inevitable caída de la recaudación por el colapso de la economía.
Por supuesto, no son sólo los teóricos económicos quienes advierten del despropósito de la política fiscal sanchista, también, señalan el riesgo las distintas asociaciones empresariales, que sufren las mayores cargas a los rendimientos del trabajo, y la propia tendencia del mercado, con una caída sostenida de las inversiones, que se han desplomado a niveles por debajo de la prepandemia.
La realidad es que este año, sólo en intereses vencidos de la deuda pública, el Estado tendrá que pagar 40.000 millones de euros, que se llevarán más de la mitad de los ingresos extra de la anunciada subida de impuestos, calculados en 60.000 millones. Con todo, lo más desalentador es la insistencia de los medios gubernamentales en presentar la situación económica española con los mejores tintes, lo que puede responder a mera táctica política o, lo que es más grave, a una fuga de la realidad. Por supuesto, con las mayores tasas de paro de la UE y con el 26,5 por ciento de la población –más de 12 millones de personas– en riesgo de pobreza y exclusión social, no es conveniente recortar los gastos sociales que caracterizan al estado de bienestar.
La única vía es estimular el crecimiento de la economía productiva con las fórmulas ya conocidas, las únicas que han dado fruto, de aligerar las cargas fiscales del mercado de trabajo y disminuir las trabas burocráticas que lastran el comercio interior. Pero el sanchismo ha elegido seguir subiendo los impuestos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar