La deuda no se esfuma; la pagaremos todos

Aunque no es un asunto menor la «creatividad contable» de la quita de la deuda autonómica, que consigue que Cataluña, por ejemplo, tenga un trato mucho más beneficioso que la Comunidad Valenciana, ni, tampoco, las consideraciones sobre el nulo concepto de la ética política de quien juega con un dinero que no es suyo, porque pertenece a la hacienda de todos los ciudadanos, para mantenerse al frente del Gobierno, lo cierto es que, a los efectos prácticos, esa deuda no desaparece, simplemente, la asume el Estado, que tendrá que seguir haciendo frente a sus obligaciones con el Banco Central Europeo, el tenedor último, que, por los tratados de la Unión, no puede autorizar descubiertos. Es decir, la carga se repartirá entre todos los contribuyentes españoles, con independencia del lugar de España donde residan y, no hay que olvidarlo, sin que cuenten para nada ni el despilfarro ni la mala gestión de algunos gobiernos autonómicos ni el agravio comparativo con aquellas regiones que han sufrido una infrafinanciación crónica, que no es, precisamente, el caso de la que se va a ver más favorecida por la nueva cacicada gubernamental. Cacicada a exigencia de los nacionalistas catalanes, sin cuyos votos no hay gobiernos socialistas ni en La Moncloa ni en la plaza de San Jaime, y que tiene otra discutible virtud para la izquierda gobernante, la de crear una cuña entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, cada una con sus problemas y condicionamientos propios. Pero no debería caer la opinión pública en una trampa tan burda, porque de lo que hablamos es del incumplimiento, otro más, de las normas de convivencia que nos hemos dado por un Ejecutivo siempre al filo de la derrota e incapaz de llevar a cabo un proyecto político digno de ese nombre. En realidad, aunque no nos hemos referido a ello al principio, hay otra consideración, de tipo moral, que los ciudadanos deberían tener en cuenta en este asunto, como es la exoneración de la responsabilidad de quienes han gestionado nuestros impuestos desde la incompetencia o la prodigalidad de quien busca la rentabilidad electoral. No se premia a quienes mejor lo han hecho ni se compensa a aquellos a quienes se les concedieron menos medios desde el Gobierno central. No. Lo que se transmite es la idea de que todo vale cuando se trata de obtener y mantenerse en el poder, ya sea con los fondos públicos, ya sea retorciendo la Constitución para amnistiar a los socios de investidura, ya sea troceando las competencias del Estado. Por último, pero no menos importante, la quita de la deuda refuerza la idea equivocada, tan del gusto de los separatismos, de que son los territorios los que pagan impuestos, cuando la realidad es que son los ciudadanos quienes pagan los impuestos. Esos mismos con los que juega tan alegremente nuestro Gobierno.