Una dimisión en clave interna de Gobierno

Cabe la duda razonable, pese –o, precisamente por ello–, la vehemente intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se deba exclusivamente a la inclusión de su esposo, Juan Carlos Martínez, en un procedimiento judicial por enriquecimiento impropio, vinculado a los ERE de la Junta socialista de Andalucía, donde la dimitida había desarrollado la mayor parte de su carrera política.

Y cabe la duda, tanto por el momento elegido, cuando las sospechas sobre la presunta actuación irregular de Martínez eran voz populi desde hace muchos meses y objeto de las investigaciones de la unidad anticorrupción de la Policía Nacional –siempre bajo la salvedad de la presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano–, como por las circunstancias que rodean a la Benemérita en el caso «Mediador», cuerpo de enorme prestigio entre la sociedad española, pero que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no ha dudado en poner a los pies de los caballos para desviar la atención sobre el escándalo socialista de «Tito Berni».

Esa especie de cortafuegos con el que pretendía cubrirse el PSOE de se responsabilidad en unos hechos deleznables, además, con el apoyo interesado de Bildu y ERC, que impulsaron la comisión de investigación del «caso cuarteles», no sólo infamaba a la Guardia Civil, sino que pretendía hurtar al conocimiento de la opinión pública, con bastante éxito, por cierto, que las investigaciones sobre las presuntas obras irregulares en recintos de la Benemérita procedía de los servicios internos del propio Cuerpo, que tolera muy mal cualquier desviación en la rectitud de proceder que se exige a sus hombres y mujeres.

Ciertamente, ninguna institución humana es inmune a la mala conducta de alguno de sus miembros, pero en la Guardia Civil la honradez es la norma desde hace más de 178 años y, al menos, el actual Gobierno de la Nación debería haber tenido en cuenta esa realidad incontrovertible antes de echar barro sobre la Institución. Ya que no se retribuye decentemente a nuestros guardia civiles y se les regatean los medios materiales para que puedan desempeñar su esencial labor de protección de la ciudadanía, al menos, no insultarles, colocándoles bajo la lupa inquisidora de los herederos de la banda etarra.

Había, pues, muchos motivos para solicitar el cese o pedir la dimisión de María Gámez e, incluso, la de su superior inmediato, el ministro Grande Marlaska, que destituyó sin que le temblara la mano, siendo juez, al coronel Pérez de los Cobos por negarse a incumplir el deber de secreto en las actuaciones judiciales, asunto que está ventilando el Tribunal Supremo. En cualquier caso, sea bienvenida está asunción de la responsabilidad por parte de un miembro del Gobierno, aunque conscientes de que una golondrina no hace verano.