Los españoles piden ya el cambio político

El hecho de que la mayoría de los sondeos de opinión reflejen de manera sostenida el deseo de los electores de llevar a cabo un cambio de gobierno no sólo tiene sus raíces en la negativa percepción de la acción gubernamental, lo que no supondría, por cierto, novedad alguna, sino que denota una preocupación de carácter trasversal sobre la degradación de la calidad de la democracia española, mucho más acusada cuando se trata de instituciones como la Fiscalía General del Estado, que son fundamentales en el normal funcionamiento de la Justicia. Es una constante demoscópica la pérdida de prestigio y confianza entre la opinión pública de aquellos organismos del Estado que han sido más mediatizados por el actual Ejecutivo, como pusimos recientemente de relieve con el sondeo de «NC Report» sobre la valoración popular de la democracia española, en el que se recogía un notable descontento social, con respuestas muy preocupantes, por lo negativo, sobre la separación de poderes, la igualdad de los españoles ante los tribunales o la ya citada independencia de la Fiscalía. Nada que pueda sorprendernos cuando las instituciones peor valoradas por los encuestados son, precisamente, el Congreso y el Senado, es decir, los centros donde teóricamente reside la soberanía nacional, convertido el primero en mero apéndice del poder, y ninguneado el segundo por una interpretación restrictiva de sus funciones. Es evidente que algunos «tics» autoritarios que caracterizan al gobierno, como el desprecio al Parlamento o las reacciones gremiales frente a la actuación de la Justicia, sin descontar, claro, la oleada de noticias sobre la corrupción y el descarado nepotismo que afecta al entorno de La Moncloa, se traducen en la opinión pública como fallos últimos del sistema democrático, abono que impulsa a esos movimientos populistas de escasas credenciales democráticas que prosperan en los momentos de crisis y tribulación social. De ahí, que sea imperativo someter a la decisión de las urnas el futuro del país, porque no se trata sólo de abordar un cambio de siglas en el Ejecutivo, sino de recuperar el crédito de las instituciones del Estado, instrumentalizadas sin ningún pudor por el sanchismo. Un proceso de regeneración que no será fácil de llevar a buen puerto, pero que es demandado y sentido por la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos una parte sensible de quienes se reconocen socialistas, que, como denunciaba el domingo Isabel Díaz Ayuso, se niegan y todavía rechazan actitudes políticas divisivas y broncas que no forman parte de la normalidad democrática española, al menos, tal y como la conocíamos hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder, aupado por populistas de izquierdas y nacionalistas, estos últimos siempre con agenda propia. Porque la alternativa es una lenta degradación social, económica y política, sin beneficio para nadie. Sí. Hacen falta elecciones.