El PP de Feijóo, en la política necesaria

La «Declaración de Asturias», suscrita ayer por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los presidentes autonómicos de la formación y el resto de los barones regionales tiene en sí misma una virtud, y no pequeña. La de aliviar a una parte de la sociedad civil de la carga impuesta por el actual Gobierno social comunista, empeñado en trasladar sobre los propietarios de pisos, los arrendadores, los promotores y los constructores la responsabilidad de una crisis de la vivienda gestada en la desidia, la incapacidad y la falta de previsión de unos gestores políticos de izquierdas, siempre prestos a demonizar el mercado inmobiliario y la industria de la construcción como si no fueran actividades económicas tan respetables como las demás.

Existe, además, en la «Declaración de Asturias» la constatación, realista porque está anclada en la realidad, de que sin la participación de las administraciones autonómicas, titulares de las competencias urbanísticas, y de las autoridades municipales, gestoras del suelo, no es posible llevar a cabo una política de vivienda digna de ese nombre.

De ahí, la importancia de un proyecto político en el que estén involucrados los tres niveles de la administración territorial del Estado. Un proyecto, por supuesto, alejado de los planteamientos ideológicos de la izquierda, en el que primen los estímulos a la construcción, venta y alquiler de viviendas frente a las restricciones del libre mercado y el control de precios, que han fracasado allí donde se han implantado. Seguridad jurídica frente a la demonización de la iniciativa empresarial y el aliento a las «okupaciones», reducción de la desproporcionada carga impositiva de un bien reconocido como un derecho en la Constitución, ayudas a largo plazo a los jóvenes y liberalización del suelo de unas cargas burocráticas y administrativas que llevan a paralizar durante décadas las grandes promociones urbanísticas.

Esa es una muestra de la política necesaria para el bienestar y el futuro de la sociedad española, pero no solo. Núñez Feijóo, desde la unidad de su partido, plantea un retorno a la normalización institucional, que pasa por el estricto respeto a la división de poderes y al restablecimiento de los contrapesos del Estado, hoy, colonizados en su mayor parte por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

En realidad, una hoja de ruta reconocible por la mayoría de los ciudadanos, en la que el enfrentamiento ideológico provocado por mero tacticismo político dé paso a la normal convivencia entre posiciones diferentes. Sin embargo, esa agenda clara, en lo económico, lo judicial y lo social, exige el compromiso de llevarla a cabo, abordando las reformas legales que sean necesarias desde la convicción de que atienden al bien común. Desde el diálogo, a ser posible, pero atendiendo prioritariamente a la demanda social.