Editorial

Un Gobierno siempre impávido ante el error

Hay una responsabilidad política inocultable en el doble crimen de Barbate y, por más que se active la propaganda del Ejecutivo, tiene que asumirla Marlaska.

El ministro Grande-Marlaska
El ministro Grande-MarlaskaEUROPAPRESSEuropa Press

Lo que, en plástica expresión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha venido a denominarse «equipo de opinión sincronizada» de La Moncloa, volvió ayer a trabajar a su máximo rendimiento, esta vez no para acusar a al presidente popular Núñez Feijóo de connivencia política con Carles Puigdemont, hallazgo insuperable de la propaganda sanchista, sino para defender el cargo del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuyo retrato gubernamental resulta en un genio de la estrategia policial frente al narcotráfico, un gestor excelente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y, por supuesto, el hombre providencial que más ha hecho por reforzar las capacidades, en personal y material, de la Guardia Civil.

Las loas del ministro son, también, las del mejor Gobierno que ha tenido España en la historia de la democracia, que ha venido a corregir las deficiencias en seguridad pública que, ciertamente, han caracterizado a los ejecutivos del Partido Popular. Además, si el relato oficial se cierra con una apelación a la fatalidad de los elementos, como con la Armada Invencible, hecha por el inefable portavoz socialista, Patxi López –cuyos conocimientos de las operaciones navales se han demostrado manifiestamente mejorables–, tendremos, ahora sí, el perfecto retrato al natural de un Gobierno siempre impávido ante el error propio y atento a desplazar sobre cualquier otro la propia responsabilidad.

Porque, nadie culpa al ministro Marlaska del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, faltaría más, pero, cuando unos servidores del Estado, en el valeroso cumplimiento de las órdenes recibidas, pierden la vida por hallarse en inferioridad de medios materiales, existe una responsabilidad en el mando político, más aún cuando hablamos de un profesional de la Magistratura al que no le son ajenas, precisamente, las dificultades para imponer el mandato de la Ley.

No es la primera vez que los hechos ponen a Grande Marlaska ante la exigencia de la dimisión ni será la última vez que los hombres y mujeres bajo su mando reclamen su destitución a un presidente del Gobierno que, al menos, en apariencia, se resguarda tras el ministro, pero lo que lleva a la perplejidad es la pretensión del equipo gubernamental de vender con éxito a la opinión pública la excelencia de una gestión en el Campo de Gibraltar que, simplemente, no es cierta, como confirman todos los informes de la Fiscalía, las demandas de equipos adecuados por parte de la Benemérita, las quejas de los alcaldes de la zona del Estrecho, los malos indicadores económicos y sociales de la provincia de Cádiz e, incluso, el reconocimiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la escasa dotación presupuestaria. Hay una responsabilidad política inocultable en el doble crimen de Barbate y, por más que se active la propaganda del Ejecutivo, tiene que asumirla Marlaska.