Igualdad fiscal para todas las regiones

Cuando se habla de la financiación autonómica se suele incurrir en un error de concepto, desde luego, nada inocente. No referimos al hecho de que no son los territorios quienes pagan los impuestos sino los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia y de acuerdo a sus ingresos. De ahí, que se haya establecido un falso debate sobre el trato desigual financiero entre las comunidades autónomas cuando lo que debería condicionar las políticas de financiación es la condición económica de la población.

En términos generales, este principio de igualdad se ha venido manteniendo, si bien, desde los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña, la transferencia de rentas, que, insistimos, procede de la mayor o menor recaudación impositiva de quienes allí residen, se ha utilizado como arma arrojadiza para imputar un supuesto agravio territorial, incluso, planteado en condiciones de «extracción colonial de recursos» por parte del Estado central, argumentario falaz que, insensiblemente, ha ido calando en todas las comunidades, hasta el punto de que no hay gobierno autonómico, salvo el de Madrid, que no esgrima una supuesta «deuda histórica» que debe ser saldada.

No ayuda, sinceramente, la existencia de dos modelos forales, los del País Vasco y Navarra, asentados en supuestos privilegios de origen medieval, pero que resultan constitucionalmente intocables. Teóricamente, una parte de la recaudación impositiva, el «cupo», revierte a las arcas de Hacienda, pero su cuantía viene determinada en demasiadas ocasiones por factores de influencia política sobre el gobierno de turno, que es, exactamente, lo que pretende copiar el nacionalismo catalán, autoconvencido de que la fórmula del concierto es la panacea para sus problemas de financiación y deuda autonómica, como si la calidad de la gestión de los fondos públicos, es decir, de los impuestos de los españoles que residen y tributan en Cataluña, fuera un factor desdeñable.

Por supuesto, la crisis económica internacional de 2008 supuso un azote presupuestario para el conjunto de España, con mayor o menor incidencia en las distintas autonomías. La figura del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sirvió para aliviar los problemas de financiación exterior de algunas regiones, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, pero generó una deuda con el Estado que se pretende saldar por el procedimiento de la quita, cuestión que, a efectos teóricos, no es demasiado importante, dado que, en último caso, no dejan de ser fondos públicos, pero que supone «premiar» a unas regiones sobre otras, sin que importen las mejores o peores prácticas administrativas de los distintos gobiernos. Es, a nuestro juicio, en ese campo en el que debería operar la reforma de la financiación autonómica; en la igualdad de los habitantes y en la corresponsabilidad de la gestión.