Improcedente ataque al criterio de un juez

Como venimos sosteniendo desde que se confirmó que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se encontraba en la posición de investigada en un procedimiento judicial, debe primar la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano y que es uno de los principios que informan a los tribunales de justicia en las democracias occidentales.

En este sentido, la sociedad española ha vivido recientemente lamentables episodios de feroces condenas en la plaza pública de personas que ningún delito habían cometido, a quienes se causaron daños personales, familiares y profesionales de muy difícil reparación. En este caso, cabe añadir que la figura de «investigado», bajo la que está citada a declarar la señora Gómez el próximo cinco de julio, que sustituye a la antigua de «imputado», se incorporó en el procedimiento criminal como garantía del justiciable para su mejor defensa, es decir, que no presupone mayor o menor grado de implicación.

Hechas estas salvedades, que, insistimos, vienen obligadas por el frecuente uso espurio de los procedimientos judiciales para atacar a los políticos adversarios, táctica en la que destacaron, y muy notablemente, los socialistas valencianos, también existe el debido respeto a la independencia judicial y al criterio profesional de jueces y magistrados en el desarrollo de sus funciones.

No significa que el instructor de un procedimiento judicial tenga que ser inmune a las críticas, pero sí que éstas no pueden fundarse en juicios de intenciones, que atribuyan rasgos de parcialidad al instructor de la causa. De ahí, que lo sucedido ayer en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se insinuó que la decisión del titular del juzgado número 41 de Madrid de citar a declarar a la esposa del presidente por supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias como parte de «una campaña del fango, de la derecha y de la ultraderecha, de Feijóo y Abascal y de grupos de ultraderecha», para acabar expresando «extrañeza» por haber conocido esta decisión esta semana y por los medios de comunicación, es un error grave, pues apunta a una injerencia electoral por parte del magistrado que resulta en una acusación muy seria contra el criterio del juez.

Se puede negar la mayor, como, de hecho, vienen haciendo todos los portavoces gubernamentales respecto a la validez de las acusaciones que pesan sobre Begoña Gómez, pero es totalmente improcedente que desde el Poder Ejecutivo, desde el mismo Gabinete que preside ­ su esposo, Pedro Sánchez, se ataque una decisión judicial como si ésta formara parte de una estrategia política concertada. No es tal, y estamos seguros de que el juez Juan Carlos Peinado actuará al margen del ruido y las presiones ambientales. De todas las presiones, que, también, es lo debido.