La independencia de la Justicia en juego

El Gobierno deberá afrontar a la vuelta del impasse vacacional, ofensivas en todos los frentes abiertos, en los que estaba en clara y desordenada retirada justo antes del parón veraniego, que le va a servir para reorganizar fuerzas y rearmarse ante las ofensivas que le acosan. Pero la primera de las batallas, la más importante para Pedro Sánchez y su entorno íntimo y profesional, es la Justicia, a la que pretende controlar, si no doblegar, para salvaguardarse las espaldas y las de los suyos.

Y para ello ha puesto al mando al ministro Félix Bolaños, parte del núcleo duro del presidente, pese a haber perdido peso político por culpa de los últimos reveses legislativos del Ejecutivo, que le han dejado marcado. En su agenda tiene hasta seis proyectos en ciernes, todos polémicos y todos imprescindibles para el futuro político del Gobierno, del presidente y del propio PSOE: la reforma ad hoc de la Justicia, la ley de protección de menores en entornos digitales, la de acciones colectivas para la protección de consumidores, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la responsabilidad penal de los menores y, finalmente, la ley de información empresarial sobre sostenibilidad.

Pero, como casi todo en esta legislatura, depende del aire que sople desde Waterloo. Carles Puigdemont va a lo suyo y tiene claras sus metas judiciales, que son las que decidirán en realidad el futuro de la reforma, siempre y cuando salga indemne de todas las barrabasadas que cometió.

Y en eso está el ministro Bolaños, que se fue de vacaciones en pleno enfrentamiento con jueces y fiscales, que amenazan con mantener la huelga después del periodo estival. Los miembros de la Judicatura y del Ministerio Público intentan paralizar la tramitación de las «leyes Bolaños», a las que el ministro no piensa renunciar: la reforma del acceso a las Carreras, con la que se teme «cuele» a través de una estabilización de puestos a un millar de afines sin tener que enfrentarse a una oposición; la modificación de la LECrim y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), con la que pretende entregar la instrucción de las causas a los fiscales y, en la sombra, al fiscal general del Estado, poniendo en riesgo la independencia judicial, que pondría a la Justicia al servicio de Moncloa.

Con el arranque del nuevo curso político, Bolaños también deberá hacer frente a la implantación de otra de sus medidas «estrella», como la asunción por parte de los juzgados de violencia de género de los casos de delitos sexuales, que ha puesto en guardia a más de 300 magistrados de este área, que ya avisaron de que se producirá un «colapso» y el fin de la «protección real» a las víctimas. Un panorama más que oscuro y que amenaza con llevar al límite de la independencia a la Justicia, que se juega algo más que su libertad.