El insólito caso de la ministra Montero

Una parte del Gobierno ha tenido que apoyarse en la oposición para enmendar las consecuencias de una ley profundamente ideológica y mal concebida técnicamente, impulsada por otra parte del Gobierno y, por cierto, aprobada por todo el Consejo de Ministros. Y sin embargo, la principal protagonista del engendro, la ministra de Igualdad, Irene Montero, permanece encastillada en su posición, ajena a la realidad y sorda al clamor de la opinión pública española ante el rosario de excarcelaciones y rebajas de condenas de los autores de unos delitos especialmente despreciables.

Es, sin duda, un caso insólito en el habitual juego democrático y en cualquier país de nuestro entorno se hubiera producido, bien, la dimisión de la ministra, bien, el reconocimiento del error y el ofrecimiento de las correspondientes disculpas públicas. Nada de esto ha sucedido. Muy al contrario, todas aquellas instituciones concernidas por las consecuencias de la ley se han visto zaheridas por la pulsión de la representante política de una ideología absolutamente minoritaria, pero que se pretende, nada menos, que la encarnación de lo que debe ser, pensar y aceptar una mujer para cumplir con unos preceptos normativos que le sitúen en el lado correcto de la historia.

Ese en el que, al parecer, la condición femenina viene dada, como denuncia la ex ministra Carmen Calvo, por quienes consideran que lo determinante no es el sexo de la persona, sino la mera voluntad del individuo en la elección del género. Es una visión totalitaria, que no admite cuestionamiento alguno, hasta el punto de que proyecta conceptos superados como si fueran nuevos. Es, sin ir más lejos, el razonamiento equivocado que está en la base de la actitud de la ministra Montero y que ella expresa como la reivindicación del «consentimiento», que viene dado por supuesto en la tipificación de los delitos sexuales de cualquier código penal que se precie. Cortina de humo que oculta el problema esencial de su ley, la fusión en un sólo tipo del abuso y la agresión, que está en el origen de las excarcelaciones y rebajas de penas, por no hablar de la relativización de la presunción de inocencia aplicada al varón.

En este sentido, se puede entender que el Partido Popular, atendiendo a la enorme alarma social causada por los efectos de la ley, haya dado su apoyo al Gobierno sin contrapartidas. Pero la urgencia de impedir que se prolongue en el tiempo tal anomalía, puesto que el daño causado ya no se puede reparar, no exime a la oposición de entrar en el fondo del problema, que seguirá existiendo mientras no se vuelva a la legislación anterior. Sin duda, Pedro Sánchez ha salvado un escollo peligroso para sus aspiraciones electorales, pero a cambio de una fractura mayor en el seno de su Gabinete, tras la desautorización pública de uno de sus ministros. Lo lógico sería proceder a su destitución, pero lo insólito no es sólo patrimonio de Podemos.