Editorial

Junts no suelta la presa de Sánchez

Si el Gobierno calculaba que su engendro legislativo podía pasar la doble aduana del independentismo y de la Unión Europea resulta evidente que se equivocaba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende unas indicaciones de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién (3i), en presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), durante la presentación de la ‘Estrategia sobre menores, salud digital y privacidad’ de la Agencia Española de Protección de Datos, una iniciativa que entre otras cuestiones aborda el problema del acceso al porno por parte de los niños y adolescentes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende unas indicaciones de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién (3i), en presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), durante la presentación de la ‘Estrategia sobre menores, salud digital y privacidad’ de la Agencia Española de Protección de Datos, una iniciativa que entre otras cuestiones aborda el problema del acceso al porno por parte de los niños y adolescentes. Fernando AlvaradoAgencia EFE

La ley de amnistía vuelve a la Comisión de Justicia por decisión de la formación que lidera el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, con el único objeto de convertir una medida de gracia con excepciones en una «amnistía integral» que ampare a todos los que participaron directa o indirectamente en la intentona separatista y en la revuelta contra las actuaciones judiciales, y que, además, incluya cualquier tipo delictivo de aplicación en el Código Penal, específicamente los de terrorismo y traición al Estado.

Si el Gobierno que preside Pedro Sánchez calculaba que su engendro legislativo, palmariamente anticonstitucional, como han dictaminado los letrados del Congreso, podía pasar la doble aduana del independentismo y de la Unión Europea resulta evidente que se equivocaba. Los de Puigdemont, que a diferencia de ERC, han conseguido que sus principales dirigentes eludan hasta ahora a la Justicia, van a por todas, suponemos que convencidos de que lograrán doblar el brazo de La Moncloa a medida que el calendario acerque al Ejecutivo al vértigo de la aprobación de los Presupuestos Generales.

Porque el resultado de la votación de ayer en el Congreso deja poco espacio a la especulación, pues sin los siete diputados de Junts, la aritmética parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez deviene inútil. En este sentido, escuchamos a diversos portavoces políticos hablar de humillación del PSOE en la Cámara, pero, desafortunadamente, la verdadera humillación vendrá cuando el partido socialista, enfrentado a la amenaza de un final abrupto de la legislatura, se avenga a aceptar la exigencias de Puigdemont de su «amnistía integral».

Por otra parte, no es posible ocultar que la vuelta a la casilla de salida de la proposición de ley va a discurrir en paralelo con las investigaciones judiciales en curso, que están ahondando en el examen de la amplia trama separatista del procés, neutralizando por la fuerza de los hechos el discurso justificativo del Gobierno. Y no sólo entre la opinión pública española, que rechaza mayoritariamente la amnistía, sino, también, entre unos socios europeos que han recibido con la normal alarma las sospechas judiciales sobre la injerencia de la Rusia de Putin en el proceso separatista catalán, como medio de atacar la estabilidad y la capacidad de defensa de la UE.

De hecho, los ataques, inverosímiles en una democracia, de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, contra algunos miembros de la Magistratura, con nombres y apellidos, responde al nerviosismo de los nacionalistas ante unas actuaciones judiciales que desvirtúan el relato de La Moncloa y, por lo tanto, desgasta al PSOE con cada cesión. Pero los ataques al Poder Judicial no pueden ocultar la realidad tozuda de que nos hallamos ante una norma legal pensada esencialmente para beneficiar a un solo hombre. Algo incomprensible en Derecho.