La limpieza electoral no puede caer en duda

Si el Gobierno de la Nación estuviera más atento al sentir de la calle que a los cantos de sirena de su propia propaganda se alarmaría ante la desconfianza sobre la limpieza del proceso electoral que está prendiendo en una parte, pequeña, pero significativa, de la opinión pública española. Es un fenómeno potencialmente peligroso, caldo de cultivo perfecto para los populismos, contra el que los poderes públicos deberían actuar desde la máxima transparencia en todas aquellas decisiones administrativas que, de una forma u otra, competen al sistema, ya sea la concesión del contrato empresarial de recopilación y divulgación de los resultados de las urnas, ya sea la variación sobrevenida del censo de electores.

Debemos insistir en que no hay nada más letal para la salud de una democracia que las dudas sobre la limpieza de las elecciones. Y vaya por delante que en ningún caso pretendemos contribuir a la extensión de lo que no son más que bulos, que operan sobre el desconocimiento general de las disposiciones reglamentarias de la Junta Electoral Central, que permiten a cualquier ciudadano comprobar por sí mismo el buen desempeño de los presidentes, secretarios de mesa e interventores, amén del doble soporte físico y electrónico de las actas de escrutinio, custodiadas por representantes de la autoridad judicial y abiertas a la posterior revisión.

Valgan estas consideraciones para señalar la mala praxis del Ejecutivo a la hora de informar sobre el proceso de nacionalizaciones «exprés» de los nietos de descendientes de españoles, bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica, primero, y de su sucesora, la Ley de Memoria Democrática, que sólo en el primer caso supone la incorporación al censo electoral de, al menos, 450.000 nuevos votantes.

No se trata ahora de entrar en la conveniencia o no de las naturalizaciones, entre otras cuestiones, porque en España prima el llamado derecho de sangre sobre el derecho de suelo a la hora de adquirir la nacionalidad, pero sí de exigir que los ministerios responsables, Exteriores y Justicia, respondan a la máxima celeridad a las preguntas parlamentarias registrada por el Partido Popular, sin omisiones ni excusas, con lo que contribuirían a despejar las dudas y las acusaciones sobre la presunta manipulación del censo de votantes residentes en el exterior y, sobre todo, se desinflaría ese globo propagandístico, fruto de la proverbial buena conciencia de los socialistas patrios, de que los nuevos españoles votarán en masa, por supuesto, a las opciones de izquierdas.

Por ejemplo, no parece que la mayoría de esos 124.000 cubanos que, a 31 de diciembre de 2022, habían conseguido la nacionalidad española estén muy predispuestos a votar ideologías emparentadas con quienes mantienen desde hace más de seis décadas la peor de las opresiones comunistas en la bella isla del Caribe.