Los menores no deben ser munición política

Los inmigrantes menores de edad que llegan a España sin la compañía de un adulto están amparados a todos los efectos por la Convención de los Derechos del Niño y por la propia legislación española. No deberían, pues, servir de munición política en la pugna partidaria ni, mucho menos, en objeto de un estigma de origen que les vincula en el imaginario de la opinión pública con la delincuencia, la inadaptación y el despilfarro de recursos públicos.

Por supuesto, hay menores extranjeros que delinquen y otros que son incapaces de cambiar las dinámicas de un comportamiento que viene marcado por el desarraigo familiar y la falta de expectativas de vida en sus países de origen. Los hay, también, de muy temprana adicción a los estupefacientes, pero la realidad, de la que la sociedad española debería sentirse muy orgullosa, es que la inmensa mayoría de estos adolescentes, más del 80 por ciento, salen adelante bajo la tutela oficial y consiguen encauzar sus vidas de adulto.

Sin embargo, pesa más en la percepción social la minoría que delinque que la mayoría que se esfuerza y se integra, hasta el punto de que el mero anuncio de la apertura de nuevos centros de acogida se traduce en el rechazo de los vecinos y en la reticencia de las autoridades municipales, cuando no en la oposición frontal, como ha sido el caso del Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada.

Ciertamente, existe mucha demagogia detrás del problema de la inmigración irregular –y el «buenismo» que niega realidades palmarias forma parte de ella–, que es imperativo eliminar en la gestión política de los flujos migratorios, más cuando hablamos de menores. De ahí que sea un error mayúsculo la actitud del Gobierno, que pretende arrogarse la potestad de arbitrar la distribución de los jóvenes extranjeros por encima de las comunidades autónomas mediante un cambio en el articulado de la Ley de Extranjería. Un error que, por supuesto, alentará las sospechas de partidismo y el sentimiento de agravio comparativo de las regiones «agraciadas» en el reparto, además de fomentar el discurso extremista de formaciones como Vox, que ha hecho bandera de la preocupación que despierta la oleada migratoria en diversos sectores de la opinión pública.

Es evidente que no se puede dejar que Canarias afronte por sí sola el acogimiento, manutención, asistencia médica y psicológica, y la formación educativa de los casi 5.000 menores bajo la tutela del ejecutivo autonómico, y de los que inevitablemente seguirán llegando, pero la solución no pasa por la imposición arbitraria de cuotas, sino por el acuerdo leal y solidario de todos los responsables autonómicos, incluso los catalanes, y, por supuesto, por una política presupuestaria por parte del Gobierno central que garantice los recursos necesarios para atender a estos menores. A menos, claro, que solo se trate de quitarse el problema de encima.