El Parlament, como rehén del partidismo

Hace ya demasiado tiempo que la presidencia de la Cámara autonómica catalana se encuentra bajo una situación de interinidad que, a la postre, solo abundará en el desprestigio ante la opinión pública de una de las instituciones claves del autogobierno de Cataluña. Es evidente, que la actitud de la presidenta destituida, Laura Borrás, responde no tanto a razones de carácter político, que las hay, como al empecinamiento personal en no reconocer unos hechos, juzgados y sentenciados por la Justicia, que sin necesidad de buscar calificativos gruesos tienen que ver con la administración irregular de los fondos públicos.

Podemos, incluso, estar de acuerdo en que la pena de prisión dictada, de cuatro años, puede parecer excesiva para la naturaleza del delito cometido –de hecho, así opina el propio tribunal sentenciador– y podríamos, también, plantear si es preciso abordar una reforma del Código Penal que lleve a una mayor gradación de las penas, pero nada de esto tiene que ver con el fondo de la cuestión, que no es otro que el victimismo político de la señora Borrás y del partido que preside, empeñados en hacer pasar un simple procedimiento penal por prácticas de corrupción, como, desafortunadamente, hay cientos en las administraciones españolas, en un caso de persecución política del Estado contra el independentismo catalán en su conjunto.

Nada que no hayamos visto antes en el Principado, donde el separatismo siempre ha presentado cierta dificultad para entender lo que significa la separación de poderes en una democracia plena como es la española. Que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, haya tenido que salir al paso de las pretensiones de Laura Borrás, explicando alto y claro que «no es un caso de represión política» contra el independentismo, sino «una sentencia con unos hechos probados», explica hasta qué punto están enconadas las posiciones entre los dos principales partidos nacionalistas catalanes. Sin embargo, la resistencia numantina de Borrás y de JxCat no justifica la pasividad del resto de las fuerzas parlamentarias, que ya consiguieron ponerse de acuerdo en la Mesa en julio de 2022 para retirarle el acta de diputada autonómica y destituirla de la presidencia del Parlament.

Esperar a que los exconvergentes den el primer paso no deja de ser un brindis al sol, pues sería tanto como reconocer que se ha utilizado la institución como una estrategia de defensa personal por parte de la líder de la formación. Hay mayoría suficiente en la Cámara para proceder al relevo y los socialistas han planteado una reforma del reglamento que, por mayoría absoluta, permitiría elegir una nueva presidenta. Cualquier cosa, menos seguir con este culebrón de tintes personalistas que en nada beneficia a la recuperación de la credibilidad política de las instituciones de Cataluña.