Un paso hacia el final del modelo autonómico

ERC investirá con sus votos a Salvador Illa para que presida la Generalitat de Cataluña. Así lo ha decidido la mayoría de la militancia del partido nacionalista catalán, aunque la votación se haya saldado por una diferencia exigua de 550 avales en favor de la postura de Marta Rovira. Sin duda, pedir la opinión expresada en votos a las bases de una formación política en grave crisis, sin liderazgo reconocido y escenario reciente de una «guerra sucia» entre facciones internas suponía la asunción de un riesgo por parte de la actual dirigencia de ERC, que ha tenido que zafarse de veras en la batalla, más aún cuando lo que se demandaba era el respaldo a la elección del candidato socialista para la presidencia de la Generalitat, considerado por buena parte de la militancia republicana como uno de los «hombres del 155», que contribuyeron a la suspensión de la autonomía en Cataluña, tras la intentona secesionista de 2017.

Por supuesto, existían otras razones de orden práctico para dudar de la oportunidad de la convocatoria, como son la desconfianza generalizada en el cumplimiento de las promesas por parte del Gobierno y la, digamos, convicción íntima de buena parte de la sociedad catalana de que la llamada «soberanía fiscal» choca frontalmente con el Estado autonómico y tiene una más que difícil concreción.

Ciertamente, y así parece haberlo entendido el 53,5 por ciento de los consultados, el rechazo a Illa suponía la repetición de las elecciones autonómicas en un escenario, como el actual, nada propicio para ERC, sin candidato y con las encuestas pronosticando una mayor caída del voto, además de otorgar un margen de maniobra a Carles Puigdemont, riesgo que era preciso eliminar. Pero la decisión, con independencia de la reacción de Junts, tiene una deriva en clave nacional cuya trascendencia y gravedad es inútil ocultar.

Como ya hemos señalado, la elección de Salvador Illa pone en marcha el mecanismo pactado entre el PSOE y ERC para que Cataluña salga del régimen fiscal común y adquiera la «soberanía financiera» a través de una Hacienda propia que recaudará todos los ingresos fiscales. Esa ruptura del actual modelo autonómico, negociada en mesa aparte, no sólo roza la inconstitucionalidad, sino que tendrá a una gran mayoría de los españoles en contra, como demuestra la airada reacción de un sector del socialismo, que ve en peligro la caja común, rechaza un agravio comparativo y teme, con razón, la pérdida de financiación del resto de las comunidades que, como Asturias, dependen en mayor medida del modelo de solidaridad interterritorial.

Se le abre, pues, a Pedro Sánchez un conflicto interno y externo mayor, de muy incierto final, porque, incluso, el supuesto respaldo del Constitucional a la ruptura del sistema abriría la caja de Pandora de las demandas similares de otras regiones. Suya es la responsabilidad.