La primera industria de España, en riesgo

Esta semana hemos tenido un nuevo ejemplo de las consecuencias que la inacción del Gobierno ante el sector del automóvil puede tener sobre el futuro de la principal industria del país. El grupo Stellantis, el segundo más importante de Europa en el motor, ha adjudicado a su planta de Mangualde, en Portugal, la construcción de un amplio catálogo de vehículos comerciales eléctricos que, hasta ahora, solo se fabricaban en la factoría de Vigo. Esto no quiere decir que vayan a retirarse de Galicia, pero sí es cierto que ya tenemos a la competencia llamando a la puerta y con el respaldo de toda la clase política lusa.

Stellantis tiene en España tres importantes fábricas en Vigo, Figueruelas y Villaverde, que producen más de la mitad de los automóviles que se construyen en España. Ciertamente, nuestro Ejecutivo no parece consciente de que España es el segundo productor de vehículos de Europa, un sector que representa el 10 por ciento del PIB nacional y el 9 por ciento del empleo. Que sus exportaciones suponen el 86 por ciento de la producción, facturan más de 35.000 millones de euros y aportan un saldo comercial positivo de unos 16.500 millones a la balanza de pagos. Al contrario, todas las peticiones que han transmitido durante los últimos años los representantes de este sector industrial han recibido la callada por respuesta, cuando no medidas que traban su desarrollo.

Hay ejemplos para todos los gustos. Desde la negativa a aplicar en España el marco temporal de reducción del coste de la energía a los procesos de fabricación, como se ha hecho con otros sectores como el de la cerámica, hasta el mantenimiento de impuestos que ya están obsoletos en el resto de Europa, como el de matriculación, o la torpeza en el diseño de ayudas para la renovación del parque automovilístico español que, con 14 años, es el segundo más viejo de la UE. Dado que España no cuenta con ninguna marca propia fabricante de automóviles, las decisiones sobre la ubicación de los nuevos modelos se realizan en las centrales de las multinacionales situadas en el extranjero. Y los ejecutivos aplican criterios económicos lógicos para producir al menor coste posible. Si un país da más facilidades que otro o mejores condiciones, es fácil que se vea favorecido.

Así, deberíamos mirarnos en el espejo portugués, que ha bonificado el IVA para la compra de coches eléctricos, tiene una red de recarga desarrollada, favorece a la industria con rebajas en la energía y pone alfombra roja a los inversores extranjeros. Ninguna de estas cosas se hace en España, donde el Gobierno parece que da la espalda al sector. Ya hemos visto cómo echaba el cierre la factoría de Nissan en Barcelona, a pesar de que Sánchez afirmó que no corría peligro. La reciente decisión de Stellantis, a favor de Mangualde, puede no significar nada, pero debería ser un toque de atención, uno más, para un Gobierno que no sabe, no contesta.