Que los desplazamientos, actos, estancias y actividades de todo tipo, ya sean de carácter oficial o privado, del presidente del Gobierno y su familia exigen el despliegue de medidas de seguridad y protección a cargo de los servicios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil está fuera de toda discusión y sería banal entrar en ello. Ahora bien, las noticias que hoy publica LA RAZÓN sobre el operativo de seguridad establecido en la isla canaria de Lanzarote con motivo de las vacaciones estivales de la familia Sánchez en el palacio de La Mareta dan lugar a una serie de cuestiones que no es posible obviar, por cuanto sobrepasan con mucho las funciones de los equipos de escolta de altas personalidades del Estado, además de suponer una alteración inusual de la vida diaria de los lanzaroteños. Podríamos sumar al análisis la precariedad económica de muchos de los policías especialmente destacados como refuerzos extraordinarios de la escolta presidencial, con bajas dietas y alojamientos poco adecuados a la demostrada profesionalidad de unos hombres y mujeres que merecerían un trato mucho mejor que el que les proporciona el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, al parecer, tiene crecientes problemas de tesorería y falta de liquidez –que sería motivo de otra nota editorial–, además de merecer una acción rotunda de la Oposición política que, sin duda, sería respaldada por la práctica totalidad de la opinión pública. El problema no estriba sólo en que los agentes del dispositivo tengan que dedicarse a la labor complementaria de retirar carteles y cubrir pintadas críticas, cuando no ofensivas, contra la figura del presidente del Gobierno, ni siquiera que el despliegue de seguridad se extienda en círculos de un radio excesivo que, ya decimos, altera las actividades cotidianas, sino en que todas estas medidas tratan de encapsular la figura de Pedro Sánchez en una especie de burbuja que le proteja del propio ambiente de la calle, como si hubiera que poner sordina a las muestras de disconformidad de los ciudadanos con buena parte de la gestión política del actual jefe del Ejecutivo. Podemos entender la incomodidad personal del presidente y de sus familiares ante el habitual séquito de pitos e insultos que suele acompañar a sus desplazamientos públicos, incluso, comprendemos que tras los graves incidentes ocurridos en la localidad valenciana de Paiporta, bajo unas circunstancias dramáticas de tensión que nada tienen que ver con la situación en Lanzarote, los equipos de seguridad y, todo hay que decirlo, de propaganda de La Moncloa actúen bajo un síndrome de amenaza muy alejado de la realidad, pero ello no justifica ni la exageración en el despliegue de seguridad ni las limitaciones ambulatorias que indefectiblemente supone para quienes tienen la mala suerte de coincidir con los días de asueto presidenciales, que se les va a hacer interminable.