Un sistema electoral modélico en el mundo

El sistema electoral español, garantista y, al mismo tiempo, de una agilidad legendaria en el escrutinio y proclamación de los resultados provisionales, descansa, cierto, sobre los funcionarios del Estado encargados de la supervisión de los comicios, pero, también, sobre la legión de simples ciudadanos que, elegidos por sorteo, protegen la limpieza del proceso como presidentes y vocales de mesa.

Son anecdóticos los problemas y las incidencias que se registran en cada convocatoria electoral y absolutamente residuales los intentos de fraude detectados. Puede sentirse, pues, orgullosa la sociedad española de la calidad de sus procesos electorales, entre otras razones, porque refleja un acendrado espíritu de juego limpio en el adn de su ciudadanía.

De ahí que sea muy preocupante la dimensión que está alcanzando en ciertos sectores sociales las sospechas sobre la limpieza del proceso, alentadas, ciertamente, desde el anonimato de las redes sociales, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en otras latitudes, pero, también, por declaraciones gravemente irresponsables, como las que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los miembros de la interparlamentaria socialista. Insultantes insinuaciones preventivas contra los partidos de la oposición, pero que incluían expresiones como «pucherazo electoral» y «deslegitimación de los resultados», que sólo pueden inquietar a una opinión pública sometida desde hace ya demasiado tiempo a una manera de entender la política maniquea, en clave de amigos y enemigos.

Si, además, venimos de unas elecciones locales y autonómicas en las que se han detectado algunas irregularidades en el voto por correo, rápidamente yuguladas por la acción combinada de las Fuerzas de Seguridad y las Juntas Electorales de Zona, como en Melilla o Mojácar, convendría pedir a los responsables gubernamentales que extremen la prudencia y salvaguarden el sistema de la pugna partidista. Más aún, cuando la convocatoria de las generales en pleno periodo vacacional, con un largo puente festivo en cinco comunidades autónomas, va a disparar forzosamente el número de solicitantes del voto por correo.

Por supuesto, este tipo de sufragio podría tener alguna salvaguarda más, pero la seguridad del mismo está garantizada por el propio procedimiento, que exige la acreditación de la identidad del votante en dos momentos del proceso, y por la profesionalidad de los trabajadores de Correos, acreditada en las citas electorales de los últimos 46 años. En este sentido, es obligación ineludible del Gobierno, el mismo que ha convocado en fecha tan inconveniente a las urnas, garantizar que el servicio postal español disponga de los refuerzos personales y materiales para cumplir con su función. Eso, y dejar de sembrar dudas «trumpistas», que nada bueno aportan.