Editorial

Los tiempos los marca Waterloo no Moncloa

Muchas de las cuestiones en liza tienen un complicado encaje legal, cuando no chocan directamente con la Constitución, y van a obligar a los proponentes a hacer verdaderos encajes de bolillos jurídicos.

CARLES PUIGDEMONT SALIENDO DE SU RESIDENCIA EN WATERLOO
CARLES PUIGDEMONT SALIENDO DE SU RESIDENCIA EN WATERLOO Twitter

Los diversos portavoces gubernamentales, que mantienen el relato de la inevitabilidad de que Su Majestad encargue la formación de Gobierno al máximo representante de la mayoría progresista «que ha ganado las elecciones», también extienden la impresión optimista de que el apoyo de Junts en la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso garantiza en la práctica un proceso de investidura rápido y sin demasiadas complicaciones.

Puede ser, pero, a tenor de las declaraciones de los portavoces del partido que lidera Carles Puigdemont, como las que ha hecho la diputada y mano derecha del fugado de Waterloo, Mirian Nogueras, en las que, junto con los delirios habituales sobre el mal trato de España a Cataluña, señala, textualmente, que cualquier acuerdo con el PSOE «hay que cobrarlo por adelantado» y que ellos no están ahí para elegir un presidente español, sino para conseguir la independencia, permite abrigar las dudas sobre quién marca en realidad los tiempos políticos, si La Moncloa o Waterloo.

Porque, dada la situación de interinidad del Gobierno en funciones, muchas de las demandas que los antiguos convergentes y ERC, en su estela, han puesto sobre la mesa, como la amnistía parcial, –que incluiría a una condenada por corrupción como Laura Borrás–, el referéndum no vinculante acordado con el Estado y, por supuesto, todas las derivadas sobre la deuda de la Generalitat y la mejora de la financiación, no pueden ser «cobradas por adelantado», salvo que Carles Puigdemont haya recobrado súbitamente la confianza en la palabra del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Esto es así, porque muchas de estas cuestiones en liza tienen un complicado encaje legal, cuando no chocan directamente con la Constitución, que van a obligar a los proponentes a hacer verdaderos encajes de bolillos jurídicos para sacarlas adelante. Y ello exige tiempo y, sobre todo, cierta cautela para no incurrir en conductas tasadas en el Código Penal. Sólo con el ejemplo del acelerón, frenada y marcha atrás de la flamante presidenta de la Cámara Baja a costa de la propuesta de oficialidad de las lenguas regionales en el Congreso, pueden hacerse los ciudadanos una idea de las complicaciones que se avecinan.

Pero, como señalábamos al principio, la estrategia de La Moncloa pasa en primer lugar por extender en el imaginario de la opinión pública la idea de la victoria en las urnas de Pedro Sánchez y la derrota de Alberto Núñez Feijóo, que no cuenta con los apoyos necesarios para intentar siquiera la investidura. Una vez fijado el relato, lo demás carece de importancia. Insistimos en que puede ser, pero, también, en que la decisión última no está en manos del partido socialista ni de sus socios de Sumar. Tampoco de ERC, de Bildu o del PNV. Basta con que desde Waterloo se baje el pulgar para ir a nuevas elecciones.